Auto del Juez de 1ª Instancia
Buenos Aires, diciembre 23 de 1908.
Autos y vistos: Considerando que la presente demanda versa sobre actos gubernativos cumplidos dentro de las facultades discrecionales de la Administración, que aunque puedan lastimar un interés, no hieren, sin embargo, ningún derecho perfecto, y no constituyen ni pueden constituir, por consiguiente, un caso de naturaleza judicial, sobre el cual pueden conocer los jueces, sin cometer exceso de poder y avanzar sobre los límites trazados á cada uno de los poderes públicos del Gobierno, dentro de la división fundamental de éstos que consagra la Constitución Nacional (Black American Constitutional Law, párr. 54).
Que, por otra parte, y aun cuando se tratara de actos civil o criminalmente defectuosos de uno de los ministros del Poder Ejecutivo Nacional, cometidos ellos en ejercicio de sus funciones, no podrían ser traídos ante los jueces ordinarios, sin el previo trámite del juicio político prescripto por el art. 45 de la Constitución, contra aquel o aquellos de dichos funcionarios que los hubieren ejecutado.
Por estos fundamentos, y de conformidad con lo dictaminado por el señor Agente Fiscal, se declara incompetente el infrascripto, para entender en el presente juicio. Archívese, reponiéndose la foja.- Jorge de la Torre.
Resolución de la Cámara de Apelaciones
Buenos Aires, noviembre 16 de 1909.
Y vistos:
Considerando: Que si bien los hechos y el derecho en que el actor funda su demanda son de la competencia de los tribunales ordinarios en virtud de la disposición del art. III2 del Código Civil, que declara que los funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, se encuentran comprendidos en la responsabilidad que dicho Código sanciona en general para los autores de los hechos ilícitos, ello no obstante, y como lo establece la sentencia apelada en el segundo considerando, dichos funcionarios no pueden, por actos cometidos en el desempeño de su cargo, ser traídos ante los Tribunales, sin que previamente hayan sido despojados del fuero en juicio político, como lo establece el art. 45 de la Constitución Nacional.
Por esto fundamentos, se confirma el auto apelado de fojas I7. Devuélvase, repóngase los sellos.-Basualdo.- Gelly.- Williams.
Dictamen del Procurador General
Suprema Corte: El apelante afirma que la incompetencia declarada por el inferior está en pugna con el art. 16 de la Constitución, y que la teoría sostenida en la resolución recurrida importa el establecimiento de un fuero a favor del demandado.
Esto, en mi sentir, es equivocado, pues dicha resolución se limita a establecer que los ministros del Poder Ejecutivo Nacional no pueden ser traídos ante los jueces ordinarios, sin el previo trámite del juicio político.
Lejos de ser contrario al art. 16 de la Constitución, ello importa la confirmación del principio de la igualdad ante la ley, consagrado por ese mismo artículo. La igualdad consiste, según se expresa en el Estatuto Provisional de 1815, "en que la ley, bien sea preceptiva, penal o tuitiva, es igual para todos, y favorece igualmente al poderoso y al miserable, para la conservación de sus derechos".
Y este principio se afirma, desde que por el auto recurrido, si bien se exigen formalidades previas para traer a juicio al demandado, se declara expresamente comprendidos en las disposiciones del art. III2 del Código Civil á los ministros del Poder Ejecutivo, a quienes alcanza la responsabilidad que dicho Código sanciona en general para los autores de los hechos ilícitos. No se desvirtúa; entonces, el principio de la igualdad ante la ley.
La Constitución Argentina, como dice Estrada, es, en esta materia prudente y acertada. La igualdad que ella declara, consiste en el imperio de una sola ley y de un solo órgano de la ley sobre todas las personas, sea que proteja, sea que obligue, sea que coarte. Esta igualdad, que elimina la esclavitud, la servidumbre, las prerrogativas hereditarias y los privilegios de gremio, es la primera de dos grandes bases sobre las cuales asienta, en la República Argentina, la libertad civil ("Curso de Derecho Constitucional", T. I.°, p. 209).
Tampoco puede sostenerse que la mencionada resolución importa el establecimiento de un fuero especial a favor del demandado, desde que en ella se establece que éste puede ser traído ante los tribunales ordinarios, por los hechos que sirven de fundamento a la demanda, previas las formalidades a que se refiere el art. 45 de la Constitución Nacional.
Los fueros personales abolidos por la Constitución. "consistían en privilegios que se acordaban a individuos determinados, para ser juzgados, en cuanto a los delitos que cometieran, o en cuanto a sus contiendas privadas, por una jurisdicción especial, de sus pares o de sus iguales".
En mi concepto, el señor Ezequiel Ramos Mexía, no puede ser traído a juicio, por los hechos en que se funda la demanda, mientras no sea separado de su puesto por el Senado, o cese en sus funciones por cualquiera otra causa.
El hombre público, ha dicho el doctor Tejedor, que tiene parte en el Gobierno de cualquiera de estos modos: como miembro del Poder Ejecutivo, Judicial y Legislativo, está revestido de una misión pública, cuyo libre cumplimiento interesa a la sociedad. Su autoridad resulta de una delegación directa o indirecta del pueblo, y nadie debe, hablando en general, tener la posibilidad de atentar contra este mandato, o turbar su ejercicio. No es un privilegio de la persona, sino de las funciones, aunque por razón de ser la persona indivisible, cubra, en ciertos casos, todos sus actos.
Por lo expuesto, opino que V. E. debe confirmar la resolución apelada, de fs. 4I.- Luis B. Molina.
Buenos Aires, septiembre 6 de 1910.
Vistos y Considerando: Que el recurso interpuesto y concedido en el presente caso, es el previsto en el art. 14, inc. 3° de la ley 48 (fs. 45 y 46).
Que con arreglo a los términos de ese inciso y a lo reiteradamente resuelto, no basta para la procedencia de la tercera instancia extraordinaria de que se trata, que se haya discutido durante el juicio la inteligencia de alguna cláusula de la Constitución o de un tratado o ley del Congreso o una comisión ejercida en nombre de la autoridad nacional, requiriéndose indispensablemente que la decisión definitiva sea contraria a la validez del título, derecho, privilegio o exención fundada en dicha cláusula (Fallos de esta Corte, T. 41, p. 429; T. 94, p. 258; T. 96, p. 420; T. I00, p. 17 y otros).
Que el auto recurrido de fs. 4I, sin entrar en el examen de si ha existido o no usurpación de facultades por parte del ministro nacional, don Ezequiel Ramos Mexía, del punto de vista, de los arts. 74, 86 y 92 de la Constitución Nacional, invocados en la demanda de fs. 3, se limita a resolver que dicho funcionario no puede, por actos cometidos en el desempeño de su cargo, ser traído ante los tribunales sin que previamente haya sido despojado del fuero en juicio político.
Que no hay, así, decisión expresa o implícita acerca de la inteligencia y alcance de las recordadas disposiciones de la Constitución Nacional, ni era necesario que la hubiera pues que el caso se resolvió por razones independientes a aquéllas.
Que si bien Urdaniz y Cía. han invocado, además, en el juicio, los arts. 14, 16, 17, 18, 45, 51, 52 y 67, inc. II de la misma Constitución, es de observarse que estos artículos no les acuerdan derecho alguno especial, para los fines del presente recurso.
Que, en efecto, el art. 14 contiene una enumeración general de los derechos reconocidos a todos los habitantes de la Nación, como el de trabajar y ejercer toda industria lícita, etc., conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio; y cuando la reglamentación está hecha en los códigos a que se refiere el inc. II del art. 67, incumbe aplicarla a los tribunales federales o comunes, sin recurso para ante esta Corte (art. 15 ley núm. 48), fuera de los casos previstos en el art. 3° de la ley 4055.
Que los arts. 16,17 y 18 de la Constitución Nacional, en la parte que establecen la supresión de los fueros procesales y la inviolabilidad de la defensa de la persona y derechos en juicio, deben conciliarse con lo especial y expresamente prescripto en el art. 45 y correlativos de la primera, que, sin crear propiamente un fuero especial, restringen las atribuciones del poder judicial y el derecho de los particulares para acusar a determinados funcionarios en las mismas condiciones que a otros particulares.
Que en tal concepto, el citado art. 45 importa una exención acordada a los aludidos funcionarios, por razones de orden público, relacionadas con la marcha regular del gobierno creado por la ley fundamental, o consagra, como se ha dicho acertadamente, una garantía, de buen gobierno, establecida para defender el principio de autoridad; y habiendo sido el auto de fs. 41 favorable a aquélla, pues lejos de desconocerla o limitarla, la hace extensiva, a las acciones civiles, el caso no se encuentra comprendido en los términos y propósitos del art. 14, inc. 3°, ley núm. 48 (Fallos, tomo 82, p. 232).
Por ello, de acuerdo con lo dictaminado por el señor procurador general, se confirma el auto de fs. 41 en la parte que ha podido ser materia del recurso. Notifíquese con el original, repóngase el papel y devuélvase.- A. Bermejo.- Nicanor G. Del Solar.- M. P. Daract.- D. E. Palacio.
jueves, 9 de septiembre de 2010
Fallo Bilbao, Corte Suprema 1864
Causa XLIII.
Don Francisco Bilbao, en representacion del ciudadano chileno Don José Santos Contreras, acusa el Juez Seccional de Mendoza, por haber librado contra su representado una órden ilegal de arresto.
Se presenta à la Suprema Corte y dice: Voy á someter al conocimiento de V. E. los hechos que dan mérito á esta querella, tales como han ocurrido, para que V. E. pueda apreciar el atendado que denuncio, en toda su gravedad.
Hace como dos años que mi representado garantió un documento por valor de 1,800 pesos metálicos, que Don Santiago Ruiz Tagle firmó en favor de Don Hilario Correa, vecino de Mendoza, estipulando para el pago el plazo de un mes. Este documento se chanceló posteriormente, entregando su valor Don José Maria Videla à Don Hilario Correa y recibiendo de Tagle otro documento pagadero en Chile. Al hacerse la chancelacion, Correa se comprometió à entregar el primitivo documento à Videla, para que Tagle lo recogiese de poder de éste; pero ni una ni otra sucedió.
Mas tarde, y à consecuencia del mal estado de sus negocios en Chile, Tagle no pudo reembolzar à Videla el valor de lo que por él habia pagado; lo que sugirió á éste la idea de ocultar el segundo documento para hacer valer el primitivo que pasaba en su poder ó en el de Correa por un abuso de confianza.
Dos años despues de lo que queda referido, y algunos dias despues de haberse presentado mi poderante ante el Juez de Seccion, Don Juan Palma, exigiendo de Correa la devolucion del documento que habia garantido, en razon de estar pagado por el deudor principal, Correa se presentó contra aquel deduciendo una accion ejecutiva, fundada en el mismo documento.
El Juez de Seccion hizo lugar à esa demanda, y no obstante las reclamaciones de Contreras y el haber consignado la cantidad que se reclamaba, para evitar los perjuicios que pudieran sobrevenirle por el indebido cobro que se le hacia, se llevó adelante la accion ejecutiva. Aqui principian los procedores arbitrarios del Juez de Seccion. En primer lugar, admitia y daba curso á una demanda que se fundaba en un documento cuya devolucion se habia pedido judicialmente y con anterioridad, habiéndose trabado al efecto un lítis que necesitaba ser resuelto préviamente y resuelto en favor del que retenia el documento, para que este pudiera ejercitar sus acciones, si alguna tenia. En segundo lugar, consignada por mi representado la cantidad que se le reclamaba, aunque sin derecho, no habia razon para seguirle juicio efectivo, ni usar contra él de las vias de apremio. Estos procedimientos del Juez de Seccion, importan evidentemente una infraccion del órden regular del proceder.
Pero no es esto solo, Exmo. Señor, de lo que mi representado tiene porque quejarse del Juez de Seccion de Mendoza, ni lo que únicamente motiva la queja y su querella.
Teniendo conocimento mi representado de la intima amistad que existia entre el Juez y Don Hilario Correa, notoria y manifiesta por la grande familiaridad con que se tratan, presentó el 11 de Mayo último un escrito recusàndolo, en mérito de lo dispuesto en el artículo 44, titulo 5° de la ley de procedimientos, y ofreció informacion sumaria para justificar la casual alegada. No habiendo el Juez dado curso al escrito, mi representado exigió se le pusiese cargo por el escribano de Seccion; y no habiendo conseguido que esta cumpliera su deber, pidió que el escribano de Gobierno Don Francisco Mayorga, pusiese esa anotacion, como se vé en el mismo escrito que adjunto original.
La recusacion fué completamente desatendida; y el Juez recusado, en el mismo dia y fecha del escrito de recusacion, dirijió un oficio al gefe de Policia que contenia una órden de arresto contra mi representado, la que fué cumplida en los tèrminos que se mandaba. En el mismo oficio se manifestaba como única razon que lo motivase, el que mi representado tenia que ser notificado de un auto recaido en el asunto promovido por Correa.
Nada puede ser mas irregular que un procedimiento semejante. Si mi representado no podia ser encontrado para notificarle, ó si encontrado no hubiese querido firmar la notificacion, el remedio para tales casos està indicado por la ley. Se le hubiese citado por edictos, se le hubiera emplazado, se le hubiera seguido el juicio en rebeldia, pero no hacer intervenir la Policía, ni librar órdenes de arresto, porque basta conocer los principios mas elementales del derecho, para saber que en asuntos civiles no hay procedimientos violentos, ni vejatorias contra la persona del demandado, y muchos menos cuando se trata nada mas que de la notificacion de un auto de simple tramitación.
Lo espuesto hasta aqui, revelarà à V. E. que la órden de arresto librada por el Juez de Seccion de Mendoza, Don Juan Palma, contra Don Josè Santos Contreras, es un atentado, por cuanto ha infringido manifiestamente el órden de proceder señalado por las leyes, y da derecho para entablar contra él la queja que dejo formalizada al principio.- Francisco Bilbao.
La Suprema Corte mandó que informàra el Juez de Seccion, quien lo hace diciendo: Don Ciriaco Guiraldez como endosatorio de Don Hilario Correa, ejecutó à Don José Santos Contreras por el lasto de una fianza valor de 1,800 pesos à favor de Don Santiago Ruiz Tagle. El señor Contreras compareció á la presencia judicial del 8 de Marzo del presente año, se negó à reconocer su firma, haciendo poner al escribano las razones que á su juicio le escepcionaban de lastar aquella fianza. Esta diligencia está firmada por Contreras y autorizada en forma à foja 3 vuelta del espediente ejecutivo.
Como la negativa de Contreras à reconocer su firma autorizaba al juzgado declararlo rebelde, à petición de parte interesada se libró en rebeldía el decreto de solvendo el once de Marzo de este año à foja 6. Este decreto no se pudo notificar á Contreras en su residencia de la Villa de San Martin, que dista diez leguas de esta Ciudad; se le buscaba en el pueblo donde se decía que se encontraba, no se le hallaba tampoco. La esposa del señor Contreras y demas familia se le negaban à recibir la cédula; era una batalla campal la que tenia que tener el escribano con la familia del señor Contreras para hacerle entender su deber, los vecinos se negaban à suscribir, no habia, en fin, medio como cumplir con la ley, en materia de notificaciones.
En este estado, se supo que Contreras se habia marchado para Chile, el ejecutante solicita por su escrito de foja 11 que se le llame por edictos, à fin de que venga á oír la notificacion del decreto de solvendo. Asi se hizo por auto del primero de Abril, conteniendo ademas la cláusula que dicho decreto, se haya saber á Don Claudio Bravo por saberse que éste tiene poder de Contreras para representarlo en otro juicio mas. Bravo no salió al juicio, no obstante de ser notificado inmediatamente. En esta virtud se fijaron edictos, en el diario y parages de costumbre.
Pasa el tiempo, al fin aparece Contreras de regreso de Chile, sabiendo el infrascripto su vuelta por un remitido que salió en el diario, atacando al Juez y Escribano por haberlo llamado por edictos.
El siete de Mayo se presenta el ejecutante solicitando se haga saber el decreto de solvendo en persona à Contreras, puesto que ha llegado de Chile. El Juez asi lo ordena mandando ademas al ejecutado que fije su residencia en el municipio de la Ciudad, ó que en su defecto constituya apoderado instruido y espensado bajo el apercibimiento de derecho. El escribano pone à continuacion de este decreto una nota suplicando al Juez lo escuse de entenderse con Contreras, por sentirse implicado en razon del remitido que el señor Contreras habia publicado con la mayor injusticia, y no hallarse en el caso de sufrir mayores desagrados.
El juez no admitió esta escusa y ordenó al escribano que cumpliese con su deber, que si algo le sucedía le informase en el acto para cortar de raiz este grave malestar. No habria pasado un hora que el escribano vuelve al juzgado enfermo, tal era la incomodidad que le habia afectado tanto por haber hallado à Contreras en su casa y haberse este resistido á firmar la notificacion al estremo de no querer facilitar tintero, porque no lo reconocia por escribano, injuriando á éste como al Juez y por último cerró su puerta, dejando al actuario parado en la calle, sin hallar un vecino que diese fe de la resistencia de Contreras y palabras injuriosas que virtió en aquel acto.
En estas circunstancias no tenia Oficial de Justicia por estar éste enfermo: crei entonces conveniente oficiar al Gefe de Policía, pidiéndole que hiciese intimar á Don José Santos Contreras que se presentase á este Juzgado, bajo la multa de cincuenta pesos. La Policía no pudo hallar à Contreras, asi aparece por la diligencia del Comandante Barcala, que se rejistra al pié de dicha nota, à pesar de saberse que se hallaba en la Ciudad.
Al dia siguiente reiteré otra nota al Gefe de Policía. Esta vez fué notificado Contreras por el oficial de policía Don José Garcia. El objeto de este llamado no era otro que hacer notificar à este el decreto de solvendo en la Oficina y procurar se carease con el escribano, sin mas interés que descubrir si este habia dado algun motivo à aquel que justificase su resistencia, reservándome tomar la providencia que correspondiese al caso, segun fuese el careo. Contreras no compareció al fin, ni el juzgado pudo formar conciencia de esta contienda entre el litigante y el escribano por causa de la inasistencia de Contreras, y que en ese mismo dia se me dió cuenta por el ejecutante Guiraldez que su ejecutado Contreras se habia arreglado con su endosante, quien posteriormente me ha dicho que habia cargado con el pago de costas y la rebaja de doscientos pesos, à trueque de que Contreras no llevase el asunto à San Luis por ser éste el objeto que se proponia su deudor (Contreras) al suscitar disputas que viniesen al fin à parar con una recusacion, en logro de su intento.
Debo hacer presente que la notificacion del decreto de solvendo y de arraigo en el municipio de ciudad, no se ha hecho por cedulon por ser materialmente imposible verificarlo asi. Al que no se encuentre en su casa està bien que la cédula se deje à su mujer é hijos &a.; pero, al que està presente y se subleva contra las prescripciones de la ley, hay otros medios como hacerle obedecer. A este efecto se citó à Contreras primeramente con multa, despues con arresto si no firmaba la órden de comparecencia. Habiéndola firmado, no tuve lugar el arresto, como lo justifica el anexo C que es un certificado del Alcaide de la càrcel, único punto de arresto ó detencion que existe en esta Ciudad.
Aquí concluye el juicio ejecutivo: voy ahora à informar sobre el que sigue el mismo Contreras contra Don Hilario Correa.
Conforme vió éste que el procurador Guiraldez dedujo accion ejecutiva por el lasto de la fianza mancomunada, Contreras pone demanda por cuerda separada contra Correa, pretendiendo nulidad de dicha fianza. Se corrió traslado el 23 de Febrero último: el once de Marzo me recusa Contreras, y como el escrito de recusacion no venia en forma, se proveyó «Venga en forma y se proveerá.»
La causa alegada es, la de amistad estrecha con el señor Correa. No se atendió á esta por la mala forma como se deducia la recusacion, que, en cuanto à quel el hecho sea cierto, la prueba lo vendria à justificar, si es que el recusante hubiese querido deducir de nuevo su artículo de recusacion, puesto que por la ley se puede recurrir à ella en cualquier estado de la causa, antes del fallo.
El demandado contestó la demanda, y en este estado ha quedado el asunto, que las partes no lo ajitan, sin duda, porque comprenden que no hay motivo para pleitear en vista de que Contreras pagó la deuda que se reclamaba ejecutivamente.
Solo me resta informar que el escrito de foja 3 de recusacion que el querellante ha agregado à su queja, no se proveyó por venir con cargo de un escribano de provincia; pero, en el acto de ser desechado, Contreras presentó otro con cargo del Escribano de Seccion en el cual recayó la providencia «Venga en forma y se proveerá.» -Es cierto que el querellante acompañó una boleta de consignacion del valor que se le cobraba; pero no se hizo caso de ella por impertinente y venir en papel comun, habiendo sido entregada al interesado, al siguiente día, que se presentó à reclamarla.
Parece fuera de duda, que siendo dos asuntos, uno ejecutivo y el otro ordinario, cada cual tiene su tramitacion marcada por la ley; así es que, el juez no debia enervar la accion ejecutiva por la ordinaria, que era lo que pretendió Contreras.- Juan Palma.
Fallo de la Suprema Corte.
Buenos Aires, setiembre 19 de 1864.
Vistos: el escrito de foja cuatro, presentado por el apoderado de Don José Santos Contreras, no es un recurso para que se enmienden los procedimientos del Juez Seccional de Mendoza en el juicio ejecutivo que, ante él, le promovió Don Hilario Correa; y el cual segun el informé de dicho juez terminó por un arreglo amistoso entre las partes, dàndose por satisfecho el acreedor con la cantidad que recibió en pago de su accion, sinó una acusación contra el juez por haber decretado la prision del deudor, pidiéndose la aplicacion de la pena en que se cree que ha incurrido: -Y, considerando que el artículo cuarenta y cinco de la Constitucion general terminantemente dispone que, solo la Càmara de Diputados ejerce el derecho de acusar ante el Senado à los Miembros de los Tribunales inferiores de la Nacion por mal desempeño ó por delito en el ejercicio de sus funciones, se declara: que ni Don Francisco Bilbao tiene personalidad para entablar esta acusacion, ni la Suprema Corte es competente para conocer de ella; y satisfechas las costas, archívese, reponiéndose los sellos.-Carreras.- Carril.- Delgado.- Barros Pazos.
Don Francisco Bilbao, en representacion del ciudadano chileno Don José Santos Contreras, acusa el Juez Seccional de Mendoza, por haber librado contra su representado una órden ilegal de arresto.
Se presenta à la Suprema Corte y dice: Voy á someter al conocimiento de V. E. los hechos que dan mérito á esta querella, tales como han ocurrido, para que V. E. pueda apreciar el atendado que denuncio, en toda su gravedad.
Hace como dos años que mi representado garantió un documento por valor de 1,800 pesos metálicos, que Don Santiago Ruiz Tagle firmó en favor de Don Hilario Correa, vecino de Mendoza, estipulando para el pago el plazo de un mes. Este documento se chanceló posteriormente, entregando su valor Don José Maria Videla à Don Hilario Correa y recibiendo de Tagle otro documento pagadero en Chile. Al hacerse la chancelacion, Correa se comprometió à entregar el primitivo documento à Videla, para que Tagle lo recogiese de poder de éste; pero ni una ni otra sucedió.
Mas tarde, y à consecuencia del mal estado de sus negocios en Chile, Tagle no pudo reembolzar à Videla el valor de lo que por él habia pagado; lo que sugirió á éste la idea de ocultar el segundo documento para hacer valer el primitivo que pasaba en su poder ó en el de Correa por un abuso de confianza.
Dos años despues de lo que queda referido, y algunos dias despues de haberse presentado mi poderante ante el Juez de Seccion, Don Juan Palma, exigiendo de Correa la devolucion del documento que habia garantido, en razon de estar pagado por el deudor principal, Correa se presentó contra aquel deduciendo una accion ejecutiva, fundada en el mismo documento.
El Juez de Seccion hizo lugar à esa demanda, y no obstante las reclamaciones de Contreras y el haber consignado la cantidad que se reclamaba, para evitar los perjuicios que pudieran sobrevenirle por el indebido cobro que se le hacia, se llevó adelante la accion ejecutiva. Aqui principian los procedores arbitrarios del Juez de Seccion. En primer lugar, admitia y daba curso á una demanda que se fundaba en un documento cuya devolucion se habia pedido judicialmente y con anterioridad, habiéndose trabado al efecto un lítis que necesitaba ser resuelto préviamente y resuelto en favor del que retenia el documento, para que este pudiera ejercitar sus acciones, si alguna tenia. En segundo lugar, consignada por mi representado la cantidad que se le reclamaba, aunque sin derecho, no habia razon para seguirle juicio efectivo, ni usar contra él de las vias de apremio. Estos procedimientos del Juez de Seccion, importan evidentemente una infraccion del órden regular del proceder.
Pero no es esto solo, Exmo. Señor, de lo que mi representado tiene porque quejarse del Juez de Seccion de Mendoza, ni lo que únicamente motiva la queja y su querella.
Teniendo conocimento mi representado de la intima amistad que existia entre el Juez y Don Hilario Correa, notoria y manifiesta por la grande familiaridad con que se tratan, presentó el 11 de Mayo último un escrito recusàndolo, en mérito de lo dispuesto en el artículo 44, titulo 5° de la ley de procedimientos, y ofreció informacion sumaria para justificar la casual alegada. No habiendo el Juez dado curso al escrito, mi representado exigió se le pusiese cargo por el escribano de Seccion; y no habiendo conseguido que esta cumpliera su deber, pidió que el escribano de Gobierno Don Francisco Mayorga, pusiese esa anotacion, como se vé en el mismo escrito que adjunto original.
La recusacion fué completamente desatendida; y el Juez recusado, en el mismo dia y fecha del escrito de recusacion, dirijió un oficio al gefe de Policia que contenia una órden de arresto contra mi representado, la que fué cumplida en los tèrminos que se mandaba. En el mismo oficio se manifestaba como única razon que lo motivase, el que mi representado tenia que ser notificado de un auto recaido en el asunto promovido por Correa.
Nada puede ser mas irregular que un procedimiento semejante. Si mi representado no podia ser encontrado para notificarle, ó si encontrado no hubiese querido firmar la notificacion, el remedio para tales casos està indicado por la ley. Se le hubiese citado por edictos, se le hubiera emplazado, se le hubiera seguido el juicio en rebeldia, pero no hacer intervenir la Policía, ni librar órdenes de arresto, porque basta conocer los principios mas elementales del derecho, para saber que en asuntos civiles no hay procedimientos violentos, ni vejatorias contra la persona del demandado, y muchos menos cuando se trata nada mas que de la notificacion de un auto de simple tramitación.
Lo espuesto hasta aqui, revelarà à V. E. que la órden de arresto librada por el Juez de Seccion de Mendoza, Don Juan Palma, contra Don Josè Santos Contreras, es un atentado, por cuanto ha infringido manifiestamente el órden de proceder señalado por las leyes, y da derecho para entablar contra él la queja que dejo formalizada al principio.- Francisco Bilbao.
La Suprema Corte mandó que informàra el Juez de Seccion, quien lo hace diciendo: Don Ciriaco Guiraldez como endosatorio de Don Hilario Correa, ejecutó à Don José Santos Contreras por el lasto de una fianza valor de 1,800 pesos à favor de Don Santiago Ruiz Tagle. El señor Contreras compareció á la presencia judicial del 8 de Marzo del presente año, se negó à reconocer su firma, haciendo poner al escribano las razones que á su juicio le escepcionaban de lastar aquella fianza. Esta diligencia está firmada por Contreras y autorizada en forma à foja 3 vuelta del espediente ejecutivo.
Como la negativa de Contreras à reconocer su firma autorizaba al juzgado declararlo rebelde, à petición de parte interesada se libró en rebeldía el decreto de solvendo el once de Marzo de este año à foja 6. Este decreto no se pudo notificar á Contreras en su residencia de la Villa de San Martin, que dista diez leguas de esta Ciudad; se le buscaba en el pueblo donde se decía que se encontraba, no se le hallaba tampoco. La esposa del señor Contreras y demas familia se le negaban à recibir la cédula; era una batalla campal la que tenia que tener el escribano con la familia del señor Contreras para hacerle entender su deber, los vecinos se negaban à suscribir, no habia, en fin, medio como cumplir con la ley, en materia de notificaciones.
En este estado, se supo que Contreras se habia marchado para Chile, el ejecutante solicita por su escrito de foja 11 que se le llame por edictos, à fin de que venga á oír la notificacion del decreto de solvendo. Asi se hizo por auto del primero de Abril, conteniendo ademas la cláusula que dicho decreto, se haya saber á Don Claudio Bravo por saberse que éste tiene poder de Contreras para representarlo en otro juicio mas. Bravo no salió al juicio, no obstante de ser notificado inmediatamente. En esta virtud se fijaron edictos, en el diario y parages de costumbre.
Pasa el tiempo, al fin aparece Contreras de regreso de Chile, sabiendo el infrascripto su vuelta por un remitido que salió en el diario, atacando al Juez y Escribano por haberlo llamado por edictos.
El siete de Mayo se presenta el ejecutante solicitando se haga saber el decreto de solvendo en persona à Contreras, puesto que ha llegado de Chile. El Juez asi lo ordena mandando ademas al ejecutado que fije su residencia en el municipio de la Ciudad, ó que en su defecto constituya apoderado instruido y espensado bajo el apercibimiento de derecho. El escribano pone à continuacion de este decreto una nota suplicando al Juez lo escuse de entenderse con Contreras, por sentirse implicado en razon del remitido que el señor Contreras habia publicado con la mayor injusticia, y no hallarse en el caso de sufrir mayores desagrados.
El juez no admitió esta escusa y ordenó al escribano que cumpliese con su deber, que si algo le sucedía le informase en el acto para cortar de raiz este grave malestar. No habria pasado un hora que el escribano vuelve al juzgado enfermo, tal era la incomodidad que le habia afectado tanto por haber hallado à Contreras en su casa y haberse este resistido á firmar la notificacion al estremo de no querer facilitar tintero, porque no lo reconocia por escribano, injuriando á éste como al Juez y por último cerró su puerta, dejando al actuario parado en la calle, sin hallar un vecino que diese fe de la resistencia de Contreras y palabras injuriosas que virtió en aquel acto.
En estas circunstancias no tenia Oficial de Justicia por estar éste enfermo: crei entonces conveniente oficiar al Gefe de Policía, pidiéndole que hiciese intimar á Don José Santos Contreras que se presentase á este Juzgado, bajo la multa de cincuenta pesos. La Policía no pudo hallar à Contreras, asi aparece por la diligencia del Comandante Barcala, que se rejistra al pié de dicha nota, à pesar de saberse que se hallaba en la Ciudad.
Al dia siguiente reiteré otra nota al Gefe de Policía. Esta vez fué notificado Contreras por el oficial de policía Don José Garcia. El objeto de este llamado no era otro que hacer notificar à este el decreto de solvendo en la Oficina y procurar se carease con el escribano, sin mas interés que descubrir si este habia dado algun motivo à aquel que justificase su resistencia, reservándome tomar la providencia que correspondiese al caso, segun fuese el careo. Contreras no compareció al fin, ni el juzgado pudo formar conciencia de esta contienda entre el litigante y el escribano por causa de la inasistencia de Contreras, y que en ese mismo dia se me dió cuenta por el ejecutante Guiraldez que su ejecutado Contreras se habia arreglado con su endosante, quien posteriormente me ha dicho que habia cargado con el pago de costas y la rebaja de doscientos pesos, à trueque de que Contreras no llevase el asunto à San Luis por ser éste el objeto que se proponia su deudor (Contreras) al suscitar disputas que viniesen al fin à parar con una recusacion, en logro de su intento.
Debo hacer presente que la notificacion del decreto de solvendo y de arraigo en el municipio de ciudad, no se ha hecho por cedulon por ser materialmente imposible verificarlo asi. Al que no se encuentre en su casa està bien que la cédula se deje à su mujer é hijos &a.; pero, al que està presente y se subleva contra las prescripciones de la ley, hay otros medios como hacerle obedecer. A este efecto se citó à Contreras primeramente con multa, despues con arresto si no firmaba la órden de comparecencia. Habiéndola firmado, no tuve lugar el arresto, como lo justifica el anexo C que es un certificado del Alcaide de la càrcel, único punto de arresto ó detencion que existe en esta Ciudad.
Aquí concluye el juicio ejecutivo: voy ahora à informar sobre el que sigue el mismo Contreras contra Don Hilario Correa.
Conforme vió éste que el procurador Guiraldez dedujo accion ejecutiva por el lasto de la fianza mancomunada, Contreras pone demanda por cuerda separada contra Correa, pretendiendo nulidad de dicha fianza. Se corrió traslado el 23 de Febrero último: el once de Marzo me recusa Contreras, y como el escrito de recusacion no venia en forma, se proveyó «Venga en forma y se proveerá.»
La causa alegada es, la de amistad estrecha con el señor Correa. No se atendió á esta por la mala forma como se deducia la recusacion, que, en cuanto à quel el hecho sea cierto, la prueba lo vendria à justificar, si es que el recusante hubiese querido deducir de nuevo su artículo de recusacion, puesto que por la ley se puede recurrir à ella en cualquier estado de la causa, antes del fallo.
El demandado contestó la demanda, y en este estado ha quedado el asunto, que las partes no lo ajitan, sin duda, porque comprenden que no hay motivo para pleitear en vista de que Contreras pagó la deuda que se reclamaba ejecutivamente.
Solo me resta informar que el escrito de foja 3 de recusacion que el querellante ha agregado à su queja, no se proveyó por venir con cargo de un escribano de provincia; pero, en el acto de ser desechado, Contreras presentó otro con cargo del Escribano de Seccion en el cual recayó la providencia «Venga en forma y se proveerá.» -Es cierto que el querellante acompañó una boleta de consignacion del valor que se le cobraba; pero no se hizo caso de ella por impertinente y venir en papel comun, habiendo sido entregada al interesado, al siguiente día, que se presentó à reclamarla.
Parece fuera de duda, que siendo dos asuntos, uno ejecutivo y el otro ordinario, cada cual tiene su tramitacion marcada por la ley; así es que, el juez no debia enervar la accion ejecutiva por la ordinaria, que era lo que pretendió Contreras.- Juan Palma.
Fallo de la Suprema Corte.
Buenos Aires, setiembre 19 de 1864.
Vistos: el escrito de foja cuatro, presentado por el apoderado de Don José Santos Contreras, no es un recurso para que se enmienden los procedimientos del Juez Seccional de Mendoza en el juicio ejecutivo que, ante él, le promovió Don Hilario Correa; y el cual segun el informé de dicho juez terminó por un arreglo amistoso entre las partes, dàndose por satisfecho el acreedor con la cantidad que recibió en pago de su accion, sinó una acusación contra el juez por haber decretado la prision del deudor, pidiéndose la aplicacion de la pena en que se cree que ha incurrido: -Y, considerando que el artículo cuarenta y cinco de la Constitucion general terminantemente dispone que, solo la Càmara de Diputados ejerce el derecho de acusar ante el Senado à los Miembros de los Tribunales inferiores de la Nacion por mal desempeño ó por delito en el ejercicio de sus funciones, se declara: que ni Don Francisco Bilbao tiene personalidad para entablar esta acusacion, ni la Suprema Corte es competente para conocer de ella; y satisfechas las costas, archívese, reponiéndose los sellos.-Carreras.- Carril.- Delgado.- Barros Pazos.
jueves, 19 de agosto de 2010
Fallo sobre responsabilidad estatal en casos de infección hospitalaria (Buenos Aires)
Responsabilidad del Estado provincial por la muerte del hijo recién nacido de la actora a causa de una infección hospitalaria.Partes: L. C. G. y otro c/ Sanatorio Modelo de Caseros S.A. y otro s/ daños y perjuicios Tribunal: Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires Fecha: 9-jun-2010
Sumario:
1.-Corresponde confirmar el fallo en cuanto atribuyó responsabilidad al Estado provincial por violación de la garantía de seguridad por el fallecimiento del recién nacido, producto de una infección hospitalaria (Klebsiella) generadora de un cuadro de enteritis necrotizante que determinó la sepsis que derivó en el fallo multiorgánico que desembocó en el fallecimiento del bebé, pues de la totalidad de las constancias obrantes en autos, no se han aportado elementos de convicción suficientemente esclarecedores de que la infección padecida por el recién nacido hubiera sido inevitable, irresistible o que se hubiere realizado todo lo posible para evitarla, o adoptado documentadamente todas las diligencias que imponen la lex artis, las prácticas sanitarias y el avance tecnológico y aún así, el germen causante de la misma fuere o hubiera sido insusceptible de ser controlado o aislado (del voto del Dr. Pettigiani, al que adhieren los Dres. Soria, de Lázzari y Negri - mayoría).
2.-Determinar tanto la efectiva ocurrencia del agente dañoso (en el caso, la infección intrahospitalaria), así como la adecuada relación de causalidad entre aquél y el daño padecido, no pueden sino constituir otras de las cuestiones de hecho irrevisables en sede extraordinaria salvo que se denuncie y demuestre absurdo, extremo que no logra acreditar el recurrente (del voto del Dr. Pettigiani, al que adhieren los Dres. Soria, de Lázzari y Negri - mayoría).
3.-Frente a los supuestos específicos de indemnizaciones relacionadas con infecciones hospitalarias, cuando no sea posible distinguir un concreto actuar u omitir estatal contrario a una específica obligación derivada del servicio o función pública comprometidos, cuando resulta imposible de acuerdo al estado acreditado de la ciencia obtener un completo control sobre los gérmenes, no corresponde hacer una generalización sobre su pretendida inclusión -como obligaciones de resultado- dentro del citado deber de seguridad del ente prestador del servicio, sino que deben examinarse las circunstancias que cada caso presenta (del voto del Dr. Pettigiani, al que adhieren los Dres. Soria, de Lázzari y Negri - mayoría).
4.-El análisis jurídico correspondiente a la determinación del factor de imputación o atribución de responsabilidad que cabe asignar al hospital frente a posibles eventos en los que el paciente alega haber contraído durante su estancia en el mismo -como en el caso- una infección intrahospitalaria, debe necesariamente atender a las circunstancias de cada caso, la causa y génesis de la sepsis, las características del factor-agente, el modo de infección del paciente, el obrar u omitir de los médicos, asistentes o el propio establecimiento en la prestación del servicio de salud, sus presupuestos y prestaciones accesorias o paramédicas (del voto del Dr. Pettigiani, al que adhieren los Dres. Soria, de Lázzari y Negri - mayoría).
5.-Los establecimientos públicos de salud se encuentran obligados constitucionalmente a organizar el servicio de salud y frente a un deficiente funcionamiento del mismo, el Estado responde directa y objetivamente, pues hace a su propia función, y no a la actuación del profesional o dependiente; de tal modo, si el servicio no funcionó, funcionó mal o tardíamente, queda atrapada la responsabilidad del Estado, pues parte de una situación objetiva de falta -o deficiente- servicio que el Estado por mandato constitucional debe garantizar, pues justifican su propia existencia (del voto del Dr. Soria - mayoría).
Fallo:
A C U E R D O
En la ciudad de La Plata, a 9 de junio de 2010, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Genoud, Pettigiani, Soria, de Lázzari, Negri, se reúnen los señores jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa C. 97.827, "L., C. G. y otro contra Sanatorio Modelo de Caseros S.A. y otro. Daños y perjuicios".
A N T E C E D E N T E S
La Sala I de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial San Martín confirmó el fallo de primera instancia que había rechazado la demanda contra los médicos, el Sanatorio Modelo de Caseros S.A. y la citada en garantía; y hecho lugar a la demanda contra la Provincia de Buenos Aires, modificando las costas impuestas a la actora por la citación como tercero de María Cristina Rúa, las que impuso a la Provincia de Buenos Aires (fs. 640/646).
Se interpuso, por el Fisco de la Provincia de Buenos Aires, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (fs. 653/673).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T I Ó N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C I Ó N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. El tribunal a quo resolvió, en lo que interesa para el análisis del recurso deducido, confirmar la sentencia de primera instancia que había hecho lugar a la demanda contra la Provincia de Buenos Aires, modificando las costas impuestas a la actora por la citación de María Cristina Rúa, las que impuso a la Provincia de Buenos Aires.
Basó su decisión en los siguientes fundamentos:
a.la obligación del hospital público de prestar el servicio de sanidad en condiciones adecuadas, siendo responsable por su inejecución irregular ya sea por la existencia del virus intrahospitalario; o en las causas que lo determinaron, sin imputar a un médico en particular aunque sí por una sumatoria de potencialidad en los actos a la totalidad y resultado en la cadena de atención; o en el control del preparto y abordaje obstétrico del cual derivaron las dolencias con las que nació la criatura y concluyó en la muerte (fs. 643 vta.);
b. La falta de acreditación de la inexistencia de responsabilidad, ya fuera por el principio de colaboración procesal, o por la carga dinámica probatoria, pues se encontraba en mejores condiciones de probar lo sucedido; y también en la imposibilidad de evitar el daño por otra vía. Hizo notar que la Provincia no citó a juicio a los obstetras ni demostró que la infección fuera preexistente o portada por la madre o por la persona por nacer (fs. 644 vta.); y
c. El daño sufrido puso en movimiento el sistema de responsabilidad civil, en el que se ve reflejado en la objetivación que plantea la tecnificación y masividad del servicio de salud, haciendo responsable a la entidad médica por la violación de la garantía de seguridad (fs. 644 vta./645).
II. Contra dicho pronunciamiento, se agravia el recurrente denunciando la violación y errónea aplicación de los arts. 512 , 901, 902, 903 , 1068 , 1074 , 1109 , 1113 del Código Civil; 163 incs. 5 y 6, 164 , 375 , 384 y 474 del Código Procesal Civil y Comercial.
Alega también la infracción a la doctrina de esta Corte sobre la relación causal, obligación de seguridad y absurdo en la interpretación de la prueba.
Los agravios se fundan en:
a.la violación del principio de congruencia, ya que la demandante imputó responsabilidad médica por los dependientes del Hospital provincial, que no logró acreditar, y la sentencia condenó por la existencia de una infección intrahospitalaria que conjetura haberse contraído en posibles actos de mala praxis médica (fs. 657 vta.);
b. El haber tenido por hecho notorio el carácter intrahospitalario de la bacteria klebsiella; que haya tenido por cierto que la presencia de la bacteria obedeció a la culpa del Hospital Mercante; que se haya decidido invertir la carga de la prueba y decidido que existía obligación de la Provincia de aportar la prueba del caso (fs. 659);
c. La violación de las normas sobre apreciación y valoración de la prueba, en especial de la pericia médica al conferirle valor suficiente a la afirmación acerca del carácter intrahospitalario de la infección contraída, como si se tratare de un hecho notorio y como si fuese producto de la culpa del Hospital (fs. 660);
d. La inversión de la carga de la prueba al hacer pesar sobre su parte el déficit probatorio de los hechos controvertidos afirmados por la actora (fs. 664);
e. La interpretación errónea de la doctrina legal de este Tribunal acerca de la naturaleza de la obligación de seguridad, dando por sentado que la misma es siempre una obligación de resultado (fs. 667);
f. La violación de las normas previstas por los arts. 901, 902 y 903 del Código Civil, y la doctrina de esta Corte respecto de la exigencia de demostrar la relación adecuada de causalidad entre un hecho u omisión antijurídica y culpable, y el desenlace dañoso (fs. 669); y
g. La imposición de costas de la citación de los médicos a la actora, que fue consentida por esa parte y apelada por quien no tenía agravio, la codemandada R. (fs. 672 vta.).
III.1.En forma preliminar, para una correcta y justa revisión de la sentencia impugnada, creo preciso indicar el acierto del tribunal a quo al señalar que los hechos endilgados al Hospital Gobernador Domingo Mercante se enmarcan en la responsabilidad del Estado por la obligación de prestar el servicio de sanidad en condiciones adecuadas para el fin social establecido, siendo responsable ante su ejecución irregular (fs. 643, tercer párrafo).
Al respecto debo señalar que en la causa Ac. 77.960 (sent. del 14-VI-2006), acompañé el voto del doctor de Lázzari, en el que reprodujera el propio elaborado por el doctor Hitters en Ac. 79.514 (sent. del 13-VIII-2003). En ambos precedentes se señaló que la obligación de reparar el daño causado nace del defectuoso cumplimiento de uno de los deberes del Estado, cual es brindar asistencia médica a la población.
Interpretándose que la relación del Estado a través del hospital público con el paciente y la relación médico-paciente, se desenvuelven en el ámbito del derecho público -derecho constitucional y/o administrativo (arts. 75 incs. 19 y 23 , Const. nac. y 36.8 de la Constitución bonaerense)-, encuadrándose la responsabilidad comprometida dentro del ámbito del régimen extracontractual.
En este sentido la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha resuelto que quien contrae la obligación de prestar un servicio de asistencia a la salud lo debe hacer en condiciones adecuadas para cumplir el fin en función del cual ha sido establecido y es responsable de los perjuicios que causare su incumplimiento o su ejecución irregular. Ello pone en juego la responsabilidad extracontractual del Estado, que se compromete en forma directa, ya que la actividad de sus órganos realizada para el desenvolvimiento de sus fines ha de ser considerada propia de aquél, que debe responder de modo principal y directo por las consecuencias dañosas que son causadas por su actividad (Fallos 322-1402 y sus citas, 306-2030 y 317-1921; Ac.79.514 cit.).
Los establecimientos públicos de salud se encuentran obligados constitucionalmente a organizar el servicio de salud y frente a un deficiente funcionamiento del mismo, el Estado responde directa y objetivamente, pues hace a su propia función, y no a la actuación del profesional o dependiente. De tal modo, si el servicio no funcionó, funcionó mal o tardíamente, queda atrapada la responsabilidad del Estado, pues parte de una situación objetiva de falta -o deficiente- servicio que el Estado por mandato constitucional debe garantizar, pues justifican su propia existencia (Ac. 79.514, sent. del 13-VIII-2003; Ac. 86.304, sent. del 27-X-2004, "La Ley Buenos Aires", 2005, p. 43).
De esta manera, la doctrina legal de este Tribunal elaborada en torno a la obligación de seguridad, y que fuera alegada como mal aplicada, no puede ser invocada para el supuesto planteado en la presente litis (fs. 667 y ss.).
Lo que supone también la improcedencia del agravio dirigido a cuestionar la responsabilidad determinada al considerar la recurrente que "corresponde entender que el factor de atribución de la responsabilidad debería ser la culpa. de los médicos y/o personal interviniente en el tratamiento del menor." (fs. 670 vta.).
2. En orden a la violación del principio de congruencia, dicho argumento deviene inatendible, pues "son ajenos al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley los argumentos que recién se presentan en la instancia extraordinaria" (Ac. 57.601, sent. del 5-VII-1996; Ac. 78.614, sent. del 2-X-2002; Ac. 94.617, sent. del 5-IV-2006, entre otros), debiendo remontarnos a la expresión de agravios de quien ahora recurre (fs.615/626) para advertir que el planteo, tal y como ahora se lo formula, no constituyó materia sometida a la consideración de la alzada.
Por otra parte, no es correcto lo que afirma en su queja la condenada en el sentido que "la demandante imputó responsabilidad médica de los dependientes del Hospital provincial que no logró acreditar...", pues la simple lectura de la demanda revela que la acción se funda, sin más, en mala praxis médica (fs. 2 vta.). Consideración que, si bien vaga, en modo alguno descarta la existencia de otras causales más allá de la intervención propia de los galenos. Máxime cuando la demanda se halla precedida de una causa penal en la cual el dictamen pericial producido en dicha sede represiva habla de "sepsis" (fs. 70 vta. causa penal). Es decir de "Afección generalizada producida por la presencia en la sangre de microorganismos patógenos o de sus toxinas" (conf. Diccionario de la Real Academia Española).
Sin perjuicio de lo cual la suerte del agravio queda a su vez echada a poco de ver lo que tiene dicho esta Corte en el sentido que tanto la apreciación de las cuestiones de hecho y prueba, como la interpretación de los escritos postulatorios, constituyen cuestiones circunstanciales propias de los jueces de las instancias ordinarias y detraídas del ámbito de la instancia extraordinaria en tanto tal ejercicio no resulte irrazonable o absurdo (causas Ac. 62.744, sent. del 16-VII-1996; Ac. 59.365, sent. del 24-III-1998; Ac. 88.609, sent. del 23-XI-2005), extremo que el recurrente no ha logrado acreditar, pues tan sólo se limita en su pieza a oponer a la apreciación efectuada por el tribunal de grado consideraciones que se sustentan sólo en su propio criterio y que no traducen más que meras discrepancias subjetivas (v. fs. 657 vta.; art.279 in fine , C.P.C.C.), lo que no es base idónea de agravios, ni configura absurdo que dé lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, pues dicha anomalía queda configurada cuando de ella media cabal demostración, pues sólo el error palmario y fundamental autoriza la apertura de la casación para el examen de cuestiones de hecho (conf. Ac. 41.583, sent. del 13-III-1990; Ac. 42.965, sent. del 27-XI-1990 en "Acuerdos y Sentencias", 1990-IV-309; Ac. 53.172, sent. del 3-V-1995).
3. En relación a la violación de las normas sobre la carga de la prueba y su valoración, particularmente en lo que hace a la notoriedad de la enfermedad intrahospitalaria producto de la bacteria "klebsiella", no advierto que el recurrente haya logrado acreditar la existencia del absurdo desde que cualquier diferencia de criterio no autoriza a tener por acreditado dicho vicio, ni tampoco puede la Corte sustituir con el suyo al de los jueces de mérito porque se requiere algo más: el error grave, grosero y manifiesto que conduzca a conclusiones inconciliables con las constancias objetivas de la causa (conf. Ac. 38.765, sent. del 16-V-1989 en "Acuerdos y Sentencias", 1989-II-92; Ac. 45.198, sent. del 20-VIII-1991; Ac. 45.683, sent. del 8-IX-1992; Ac. 44.854, sent. del 16-XI-1993).
En efecto, las premisas de las que parte el iudex a quo y las conclusiones a las que arriba (fs. 643/645), emanan de las pruebas producidas en autos (fs. 409), las que se sustentan a su vez en la historia clínica y las reglas del arte de la medicina (arts.457 y 474, C.P.C.C.), lo que no amerita a tener por demostrado en forma palmaria y grave el absurdo denunciado.
Por otra parte, aunque siempre en relación al argumento del recurrente que tiende a desvirtuar la existencia de la infección intrahospitalaria, cuya existencia da por acreditada la alzada, si bien debe reconocerse que asiste razón a aquél en cuanto a que el perito la define como "probable" en la secuencia de acontecimientos que culminan en el fallo multisistémico (fs. 411), es lo cierto también que el experto, al tiempo de responder la 3ª pregunta que le formula la actora (fs. 409), expresa que "es de sana crítica pensar que, con alto grado de probabilidad existió una infección intrahospitalaria severa que agotó etapas rápidamente.". Nota que a su vez es receptada por el fallo que se recurre (fs. 644), sin ser atacada eficazmente por la recurrente en esta instancia.
Y es que situados como estamos en el ámbito de discusión de responsabilidad profesional, es dable reconocer que la teoría de la causalidad adecuada, en cuanto estructurada bajo un sistema de regularidad estadística, no puede más que contentarse con una fuerte o suficiente dosis de probabilidad (Prevot, Juan Manuel, Relación de causalidad e infecciones intrahospitalarias, "La Ley" Gran Cuyo, 2006, febrero, 52).
Nos hallamos insertos, por razón de la materia, en un campo de factibilidad que, de suyo, desecha la pretendida certeza exigida por el recurrente.
Sobre tal juicio de probabilidad juega el criterio valorativo del juzgador, en materia privativa irrevisable en esta instancia extraordinaria. Salvo absurdo que, por lo visto, queda descartado.
Tengamos en cuenta que para establecer la causa de un daño es necesario hacer un juicio de probabilidad determinando que aquél se halla en conexión causal adecuada con el acto ilícito, o sea, que el efecto dañoso es el que debía resultar normalmente de la acción u omisión antijurídica, según el orden natural y ordinario de las cosas (art.901, C.C.). Vale decir que el vínculo de causalidad exige una relación efectiva y adecuada (normal), entre una acción u omisión y el daño: éste debe haber sido causado u ocasionado por aquélla (arts. 1068, 1074, 1109, 1111 , 1113 y 1114 del Código citado; Ac. 37.535, sent. del 9-VIII-1988; Ac. 88.305, sent. del 3-VIII-2005; Ac. 93.078, sent. del 6-IX-2006, entre otras).
La alzada, en la especie, y "ya fuera por la existencia del llamado virus intrahospitalario, por alguna deficiencia en la atención de la infección, o en las causas que la determinaron (no imputable específicamente a un profesional en particular aunque, por una sumatoria de potencialidad en los actos a la totalidad y resultado en la cadena de la atención) o en el control del preparto y abordaje abstétrico (sic), de la cual derivaron la serie de dolencias con las cuales nació la criatura- se llegó al estado que impuso una derivación a otro establecimiento médico y concluyó en la desgraciada muerte del hijo de los actores." (fs. 643 vta.), juzgó acreditada la existencia de tal nexo causal, determinación irrevisable en esta instancia ante el incumplimiento del recurrente de revelar -a modo de carga- la existencia del absurdo que se denuncia.
4. Respecto de la infracción de los arts. 901, 902 y 903 del Código Civil y de la doctrina sobre la relación de causalidad adecuada, el Fisco sustenta su queja en la inexistencia "de acciones u omisiones culpables probadas de parte de los dependientes de la Provincia ni relación causal entre ninguna acción u omisión con el resultado dañoso" (fs. 669). Y añade que "era imprescindible la demostración de la culpa en el obrar médico ya sea por acción u omisión.Si esta demostración no se produce entonces se interpreta que la causa del daño es el caso fortuito en sentido amplio." (ídem).
Visto ello, y situados en el campo de evaluación de la responsabilidad médica por afecciones [daños] derivadas de infecciones intrahospitalarias, he de remitirme, para el entendimiento de la cuestión, al voto que en Ac. 100.800 (sent. del 15-IV-2009) emitiera el doctor Pettigiani. Al cual adherí y al que me remito en honor a la brevedad, considerando que los principios en él delineados sirven para definir y precisar correctamente los alcances de la materia que nos ocupa.
En base a tales nociones teóricas: a) sea que adoptemos el criterio de que la entidad hospitalaria está obligada frente al paciente a un deber de resultado en cuanto a la indemnidad de éste frente a las infecciones exógenas, tornándose su responsabilidad objetiva (sustentada en el factor garantía) con causales eximentes limitadas (acreditación del casus, esto es la causa extraña o ajena, más precisamente al hecho de la víctima -vgr., que el origen de la infección es endógeno- o a un caso fortuito -que el tipo de infección es de aquéllos que a pesar de haber adoptado la diligencia más exquisita, igual habría acaecido-); b) sea que adoptemos, en virtud del alea involucrado, la postura que entiende comprometida una responsabilidad del tipo de medios (que atiende a la razón subjetiva), pudiendo liberarse el médico y/o la institución hospitalaria acreditando haber adoptado la debida diligencia (arts.512 y 902, C.C.), lo cierto es que en autos no se ha acreditado, por parte de quien debía, que la infección padecida por el paciente hubiera sido inevitable, irresistible o que se hubiere realizado todo lo posible para evitarla; o que se hayan adoptado los medios para la preservación de la asepsia necesaria o estado libre de infección inculpable.
Máxime cuando situados en tal campo de evaluación la determinación de la existencia de culpa o negligencia es una cuestión de hecho exenta de censura en casación, salvo absurdo (Ac. 93.342, sent. del 9-VIII-2006; C. 98.332, sent. del 7-V-2008; C. 101.025, sent. del 3-XII-2008, entre otras). Vicio invalidante que, por lo advertido más arriba, no se configura en autos.
Siendo ello así, la responsabilidad médica del Estado deviene inexcusable, máxime cuando en el punto no media absurdo tanto en la justificación racional del decisorio -como ya he indicado al revisar la apreciación de las pruebas por los jueces de grado-, como en el razonamiento lógico de las premisas y de la conclusión en el silogismo sentencial.
No obstante ello, la Cámara expresamente ha señalado que "habiendo ingresado el paciente a la Clínica Caseros (derivado por el Hospital Mercante) con perforación intestinal y salida de su materia a la cavidad peritoneal, causada por una enteritis necrotizante . dio lugar a la imposibilidad de la intervención quirúrgica por no tolerar anestesia general" (fs. 644).
Esta circunstancia ha sido obviada por el recurrente, y desde mi punto de vista es también dato esencial, al extremo que ha sellado la suerte del recién nacido de acuerdo con el curso natural y ordinario de las cosas (art. 901, C.C.), puesto que el fallo multiorgánico fue precedido y sucedido por la infección que se dio por acreditada (expliqué lo de la alta probabilidad), y que agotó etapas rápidamente, deteriorando gravemente el estado de salud del niño.
5.Finalmente, tampoco el agravio dirigido a cuestionar la imposición de costas es de recibo, pues "los tribunales originarios tienen amplias facultades en la aplicación, regulación y distribución de las costas por tratarse de una cuestión de hecho que sólo es susceptible de examen en la instancia extraordinaria cuando ha mediado una irracional o burda meritación de las circunstancias de la causa, que conduzca a alterar la condición de vencido" (Ac. 86.726, sent. del 9-XI-2005).
Extremo que lejos se halla de configurarse en la parte del resolutivo que las dispone (fs. 645) a instancias de uno de los terceros citados, con el evidente interés de procurar su cobro a quien lo citara en tal condición y ante la eventualidad de no poder seguirlo contra la propia actora (ver fs. 53/54).
6. Si las consideraciones expuestas son compartidas, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley debe ser rechazado en todas sus partes, con costas (art. 289 , C.P.C.C.).
Voto por la negativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I.- Comparto con el colega preopinante que los agravios traídos por el recurrente en orden a la violación del principio de congruencia devienen inatendibles en esta instancia, pues resultan ajenos al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley los argumentos que recién se presentan en la instancia extraordinaria (Ac. 57.601, sent. del 5-VII-1996; Ac. 78.614, sent. del 2-X-2002; Ac. 94.617, sent. del 5-IV-2006; entre otros); toda vez que la expresión de agravios del ahora impugnante contra el decisorio de primera instancia no contuvo planteo semejante, por lo que no constituyó materia sometida a la consideración de la alzada (v. fs.615/626).
II.- Despejado entonces dicho aspecto, corresponde ingresar en el análisis de los agravios vertidos contra la decisión del tribunal a quo de atribuir responsabilidad al Estado provincial por violación de la garantía de seguridad por el fallecimiento del recién nacido, producto de una infección hospitalaria (Klebsiella) generadora de un cuadro de enteritis necrotizante que determinó la sepsis que derivó en el fallo multiorgánico que desembocó en el fallecimiento del bebé (fs. 643 vta./645).
Cabe efectuar aquí un análisis en base a una doble perspectiva: por un lado, la genérica obligación asumida por el Estado provincial por la prestación del servicio público de salud a la población; por otro, la extensión que cabría efectuar a dicho deber estatal en el marco propio de los casos de infecciones intrahospitalarias.
a. Así, respecto de la primera cuestión, más allá de las disquisiciones que en el plano de la teoría puedan realizarse respecto de la naturaleza de la responsabilidad que dimana de los daños vinculados con la deficiente prestación del servicio público de salud, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha venido sosteniendo que "quien contrae la obligación de prestar servicio -en el caso, de asistencia a la salud de la población- lo debe hacer en condiciones adecuadas para cumplir el fin en función del cual ha sido establecido, y es responsable de los perjuicios que causare por incumplimiento o su ejecución irregular ('Fallos', 306:2030; 307:821; 312:343; 315:1892 y 317:1921; 322:1393)" (C.S.J.N., in re "Brescia, Noemí Luján c/ Provincia de Buenos Aires y otros s/ Daños y Perjuicios", sent. del 22-XI-1994 y "Schauman de Scaiola, Martha Susana c/ Provincia de Santa Cruz", sent. del 6-VII-1999), yaciendo la idea objetiva de falta de servicio en lo normado por el art.1112 del Código Civil (C.S.J.N., Fallos 306:2030).
En tal sentido agregó el Tribunal cimero que "ello pone en juego la responsabilidad extracontractual del Estado, que se compromete en forma directa, ya que la actividad de sus órganos realizada para el desenvolvimiento de sus fines ha de ser considerada propia de aquél, que debe responder de modo principal y directo de las consecuencias dañosas que son causadas por su actividad ('Fallos', 306:2030; 317:1921; 322:1393)" (Ac. 79.514, sent. del 13-VIII-2003; Ac. 88.940, sent. del 18-V-2005; entre otras).
La pretensión de ser indemnizado por falta de servicio imputable al Estado requiere dar cumplimiento a la carga procesal de individualizar cuál ha sido la actividad que específicamente se reputa como irregular, vale decir, describir de manera objetiva en qué ha consistido la irregularidad que da sustento al reclamo, sin que baste al efecto hacer mera referencia a una secuencia genérica de hechos y actos, sin calificarlos singularmente tanto desde la perspectiva de su idoneidad como factor causal en la producción de los perjuicios, como en punto a su falta de legitimidad (C.S.J.N., in re "Román S. A. c/ Estado nacional. Ministerio de Educación y Justicia", sent. del 13-X-1994, en "La Ley" del 5-V-1995, cit. por Lorenzetti, Ricardo; "La empresa médica", Rubinzal-Culzoni, 1998, pág. 353).
Adicionalmente, para que pueda acreditarse la falta de servicio o la prestación irregular del mismo, es preciso efectuar una apreciación en concreto que tome en cuenta la naturaleza de la actividad, los medios de que dispone el servicio, el lazo que une a la víctima con el servicio y el grado de previsibilidad del daño (C.S.J.N., Fallos 321:1124 ; sent. del 28-IV-1998, consid.6º). Si bien no hay que demostrar la culpa del funcionario para que de ella derive la responsabilidad estatal (circunstancia que se corrobora en autos ante la imposibilidad de achacar falta concreta imputable a algún funcionario, en la infección intrahospitalaria adquirida por el paciente), sí debe acreditarse la falta de servicio (mi voto en C. 92.937 "Romairone" , sent. del 11-XI-2009), pues basta la prueba del cumplimiento irregular de las obligaciones impuestas al Estado para derivar de ello su culpa (L. 71.070, sent. del 23-XII-2003; L. 87.748, sent. del 12-IX-2007; entre otros).
Se exige, en definitiva, en términos generales, para que se concrete la responsabilidad del Estado: a) imputabilidad del acto o hecho administrativo a un órgano del Estado en ejercicio u ocasión de sus funciones, b) falta de servicio por cumplir de manera irregular los deberes y obligaciones impuestos por la Constitución, la ley o el reglamento; c) la existencia de un daño cierto; d) la conexión causal entre el hecho o acto administrativo y el daño ocasionado al particular (mi voto en C. 90.664, sent. del 11-IV-2007). Extremos que necesariamente llevan a considerar el ámbito propio de la prestación del servicio público involucrado. Es que para determinar si la conducta u omisión estatal puede ser considerada ilícita o irregular resulta necesario analizar la normativa que rige el servicio o función pública correspondiente (conf. Reiriz, María G.; "Responsabilidad del Estado", en "El Derecho Administrativo Argentino, Hoy", Ed. Ciencias de la Administración, Bs. As., 1996, pág. 277; conf. mi voto en C. 90.664, sent. del 11-IV-2007).
b. Claro está que la organización por parte del Estado provincial de la prestación de un servicio de salud a la sociedad, tanto en aspectos preventivos, asistenciales como terapéuticos, en forma pública y gratuita (conf. art.36.8, Constitución provincial) entraña un deber de seguridad a su cargo, que si bien no se halla dirigido a garantizar el resultado satisfactorio de la práctica galénica en particular (conf. Ac. 84.616, sent. del 3-III-2004; entre otros), importa la obligación de puesta en práctica de prevenciones destinadas a preservar la integridad física del enfermo, evitar accidentes o daños en sus intereses que sean producto de todas aquellas conductas ajenas al alea natural de la prestación, que también integran -de ordinario- el complejo vínculo a través del cual se brinda el servicio público, como precondición adecuada para el cumplimiento del fin en función del cual ha sido establecido. La inobservancia de dicho deber de seguridad evidencia la deficiente organización estatal del servicio médico comprometido y el inadecuado o irregular ejercicio de la custodia de los pacientes.
Sin embargo, resulta pertinente reconocer que la obligación tácita de seguridad de naturaleza objetiva del sanatorio, sea éste privado o público, puede referirse a obligaciones de medios o de resultados, según se trate de la responsabilidad de la clínica por los actos puramente médicos realizados por su personal profesional, en el primer caso, o si el perjuicio emana de actos extraños al quehacer puramente médico o bien han sido ocasionados por las cosas utilizadas rebasando el acto puramente médico (conf. doct. Ac. 77.588, sent. del 19-II-2002).
Así las cosas, entiendo que frente a los supuestos específicos de indemnizaciones relacionadas con infecciones hospitalarias, cuando no sea posible distinguir un concreto actuar u omitir estatal contrario a una específica obligación derivada del servicio o función pública comprometidos, cuando resulta imposible de acuerdo al estado acreditado de la ciencia obtener un completo control sobre los gérmenes (conf. King, Joseph, "The law of medical malpractice", West Publishing Co., St. Paul, Minesota, 1977, pág. 125, citado por Lorenzetti, Ricardo, "La empresa médica", Rubinzal-Culzoni, 1998, pág.352; Mariona, Fernando, "Responsabilidad Civil por infecciones hospitalarias y gestión del riesgo", "RCyS", 2004-66 y ss.; Organización Mundial de la Salud, Consejo Ejecutivo, EB109/9, 109ª reunión, 5 de diciembre de 2001, Punto 3.4 del orden del día, Calidad de la atención: seguridad del paciente; Rosenthal, Víctor D., "Infección hospitalaria, situación Argentina" en www.compumedicina.com/infectologia /2001; etc.), no corresponde hacer una generalización sobre su pretendida inclusión -como obligaciones de resultado- dentro del citado deber de seguridad del ente prestador del servicio, sino que deben examinarse las circunstancias que cada caso presenta (arg. arts. 512, 902, 909, 1112, 1113 y concs., Cód. Civil).
Así se ha afirmado que la cuestión debe atender a un justo reparto del alea, de acuerdo a las circunstancias de cada caso. Si el paciente acude por necesidad a un hospital, y las autoridades de éste aún con el empleo "de la más exquisita diligencia" no pueden excluir de plano algunos tipos de infección, cabe ubicar el asunto en el sector de la responsabilidad subjetiva. Por ende, si el médic o o la institución hospitalaria logran probar la diligencia exigible en un caso puntual (arts. 512 y 902, Cód. Civil) cumplen con el deber a su cargo, sin perjuicio de que -además- puedan probar que la infección resulta de carácter endógeno al paciente, lo cual provocaría una fractura del nexo causal. Se observa así una prueba indiciaria de culpa del deudor, y por ende, de responsabilidad; en razón de ello, el hospital podría desvirtuar la misma (y por ende liberarse de la obligación de responder), si logra acreditar haber actuado con la debida diligencia (arts. 512 y 902, Cód. Civil), o, en su defecto, la configuración del casus -causa ajena- (Cám. Nac. Civ., sala D, 16-IV-2001, in re "F., A.c/ Centro Ortopedia Traumatología", "RCyS", 2002-II-74).
Deviene prácticamente imposible sustraerse del alea existente en materia de infecciones intrahospitalarias cuando su contracción no obedece a cuestiones de falta de asepsia, sino a razones externas o a procesos naturales que se desenvuelven dentro de una entidad hospitalaria y que son difíciles de controlar por ésta (conf. Calvo Costa, Carlos Alberto, "Responsabilidad civil de los médicos. Infección intrahospitalaria y falta de infraestructura necesaria del hospital"; "La Ley", 2005-E-860, Responsabilidad Civil, Doctrinas Esenciales, T. V, 859, con cita del precedente judicial mencionado en el párrafo anterior).
Si el reclamante prueba la infección y su carácter intrahospitalario (más allá de acreditar asimismo la vinculación causalmente adecuada con el resultado dañoso), tal extremo (indicio) podrá ser revelador de suyo de una presunción judicial de culpa -sea del médico y el hospital, o solamente de éste último-, pero éstos se liberarán si demuestran haber obrado con extrema diligencia y aún así no podido razonablemente impedir el desenvolvimiento de la acción infecciosa en el paciente (arg. arts. 512, 902 y concs., Cód. Civil; situación que presupone la imposibilidad de efectuar reproche por falta de asepsia, esterilización, higiene o control en el material, instrumental, personal o instalaciones empleados en la prestación del servicio de salud -arg. arts. 1112, 1113 y concs., Cód.Civil-).
En tanto resulte prácticamente imposible eliminar el alea existente en materia de infecciones, atento la inexistencia de normativa específica que imponga la asunción del concreto riesgo a cargo del prestador del servicio, siempre se debe permitir que la clínica o los médicos prueben que hicieron todo lo posible para evitarlas, que adoptaron documentadamente todas las diligencias que impone la lex artis (Vazquez Ferreira, Roberto, "Un criterio justo en materia de responsabilidad civil médica por infecciones hospitalarias", "RCyS", 2002-350), las prácticas sanitarias y que se encuentren permitidas por el avance tecnológico; si bien resulta una carga probatoria exigente, es el establecimiento médico o el profesional quien -justamente por la especialización del servicio brindado- se encuentran en mejores condiciones para aportar tales extremos (conf. arts. 512, 902, 909 y concs., Cód. Civil), conformándose así una solución más justa.
En suma, el análisis jurídico correspondiente a la determinación del factor de imputación o atribución de responsabilidad que cabe asignar al hospital frente a posibles eventos en los que el paciente alega haber contraído durante su estancia en el mismo -como en el caso- una infección intrahospitalaria, debe necesariamente atender a las circunstancias de cada caso, la causa y génesis de la sepsis, las características del factor-agente, el modo de infección del paciente, el obrar u omitir de los médicos, asistentes o el propio establecimiento en la prestación del servicio de salud, sus presupuestos y prestaciones accesorias o paramédicas.
La circunstancia que el nosocomio involucrado en los presentes obrados sea un hospital público y por tanto que el vínculo establecido entre el Estado y el administrado sea de derecho constitucional-administrativo (Ac. 84.389, sent. del 27-IV-2005; Ac. 88.940, sent.del 18-V-2005; entre otros) no enerva la conclusión precedente, toda vez que la potencial responsabilidad estatal emergente objetivamente por el incumplimiento o irregular ejecución en la prestación del servicio público comprometido no posee entidad para modificar el alcance de las prestaciones componentes del propio servicio que se brinda, de modo que la acreditación de la debida diligencia e imposibilidad de impedir la infección hospitalaria de que se trate necesariamente habrá de importar -según el caso- la demostración de la regular prestación del servicio involucrado hasta el extremo de lo posible o previsible, así como -por ello- la liberación de responsabilidad por parte del Estado provincial (doct. art. 1112, Cód. Civil).
De la misma forma que si cuando no media culpa en el médico interviniente, no cabe responsabilizar al establecimiento asistencial con base en su "obligación de seguridad" porque la existencia de aquélla (la culpa del médico) es la que demuestra la violación de ese deber (Ac. 76.152, sent. del 17-XII-2003; entre otros); tampoco es posible impedir que el nosocomio se exima de responder cuando acredite fehacientemente el carácter irresistible de la infección o haber obrado con extrema diligencia y aún así no haber podido razonablemente impedir la específica sepsis contraída por el paciente, sin que quepa en ese aspecto admitir una falta o irregular prestación del servicio garantizado, ni realizar distinción alguna entre el carácter público o privado del hospital en que aquél se hubiere alojado.
c.Ahora bien, efectuado el encuadre jurídico del caso, si bien dista del efectuado por el tribunal a quo (en materia que ha sido objeto de concreto agravio por el recurrente), empero, la solución que cabe adjudicar -en este aspecto- no altera la dispuesta por la alzada.
En efecto, el tribunal a quo encontró responsable a la entidad pública médica -al Estado provincial- por violación de la garantía de seguridad que halló imperante en el caso en la concreta prestación de los servicios de salud independientemente de cualquier reproche personalizado en los facultativos (fs. 645), aunque también sostuvo su decisorio en la ausencia total de prueba por parte del demandado, tendiente a demostrar la imposibilidad de evitar el daño, o que la infección fuera preexistente o portada por la madre o por la persona por nacer (fs. 644 vta., con cita del art. 375, C.P.C.C.), inversión de la carga probatoria que sustentó en el principio de colaboración procesal o por la aplicación de la teoría de las cargas probatorias dinámicas (fs. 644 vta.).
Liminarmente, no es posible acoger el reproche que el impugnante efectúa respecto de la apreciación y valoración efectuada por el tribunal a quo, de las pruebas rendidas en torno a la demostración de la infección hospitalaria padecida por el bebé, y su causalidad adecuada con el ámbito hospitalario en el cual se halló internado durante toda su fugaz presencia fuera del seno materno.
Determinar tanto la efectiva ocurrencia del agente dañoso (en el caso, la infección intrahospitalaria), así como la adecuada relación de causalidad entre aquél y el daño padecido (Ac. 93.619, sent. del 24-V-2006; Ac. 89.633, sent. del 4-V-2005; Ac. 83.845, sent. del 16-VI-2004; Ac. 58.505, sent.del 28-IV-1998; entre otras), no pueden sino constituir otras de las cuestiones de hecho irrevisables en sede extraordinaria salvo que se denuncie y demuestre absurdo, extremo que -por los argumentos dados en el voto preopinante, que comparto plenamente (Punto III.3 del mismo)- no logra acreditar el recurrente.
Tampoco acierta el recurrente -por los fundamentos vertidos en el acápite anterior- en sus objeciones sobre la base de una pretendida improcedente inversión de la carga probatoria. Es que de la totalidad de las constancias obrantes en autos, no se han aportado elementos de convicción suficientemente esclarecedores de que la infección padecida por el recién nacido hubiera sido inevitable, irresistible o que se hubiere realizado todo lo posible para evitarla, o adoptado documentadamente todas las diligencias que imponen la lex artis, las prácticas sanitarias y el avance tecnológico y aún así, el germen causante de la misma fuere o hubiera sido insusceptible de ser controlado o aislado.
III.- Finalmente, en relación con el agravio referido a la decisión de modificar las costas impuestas a la actora para imponérselas a su parte, con relación a la demanda rechazada contra la médico Rúa citada como tercero, el recurso debe prosperar (fs. 672 vta.).
Uno de los requisitos intrínsecos de los recursos -ordinarios y extraordinarios- es el interés jurídico personal representado por el gravamen irreparable que ocasiona la resolución impugnada. El pronunciamiento debe afectar al propio recurrente (conf. Ac. 46.685, sent. del 14-IV-1992; Ac. 48.023, sent. del 17-VIII-1993).
En el presente caso, la codemandada Rúa carecía de interés para recurrir la imposición de costas por su citación como tercera, pues las mismas no habían sido impuestas a su cargo (fs. 576, 627/629 y 645) de modo tal que para impugnar el decisorio de la instancia de origen aquélla carecía de un agravio directo y actual, y no meramente hipotético o eventual (conf. doct. causas Ac. 33.468, 4-VI-1985; Ac. 41.585, 22-XI-1988; Ac.43.531, 6-III-1990; Ac. 65.172, 10-XII-1996).
IV.- Por todo lo expuesto, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley debe ser rechazado con excepción de la modificación de las costas resuelta por el tribunal de alzada respecto de la citación del tercero Rúa, decisión que debe ser revocada, manteniéndose la imposición de costas dispuesta en el decisorio de primera instancia.
Con el limitado alcance indicado, voto por la afirmativa. Costas a la recurrente que mantiene -pese a ello- su condición de vencida (art. 289, C.P.C.C.).
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
1. El recurso prospera parcialmente.
a. De un lado, por la s razones que expone el doctor Pettigiani en el punto I de su voto, merece desestimarse la alegada infracción al principio de congruencia (v. fs. 657 vta./658).
b. Del otro, en coincidencia con lo expresado por mis colegas preopinantes, considero que el embate ensayado por la Provincia de Buenos Aires no logra demostrar la absurdidad del fallo al calificar de intrahospitalaria a la infección sufrida por el hijo de los actores y vinculada causalmente con su posterior fallecimiento.
c. Para más, las restantes críticas enderezadas a cuestionar la condena recaída en autos no resultan suficientes a fin de descalificar la decisión en crisis. Veamos.
i] Tal como recuerdan los ministros que me precedieran en la votación, la prestación cumplimentada en un establecimiento sanitario oficial es consecuencia de la asunción por el Estado de una función propia (art. 36 inc. 8 de la Constitución de la Provincia; conf. Ac. 79.514, sent. del 13-VIII-2003) e importa la obligación de brindar un servicio de asistencia a la salud en condiciones adecuadas para cumplir el fin en función del cual ha sido establecido, cuyo incumplimiento o ejecución irregular da nacimiento al deber de resarcir los perjuicios ocasionados.Ello pone en juego la responsabilidad extracontractual del Estado, que se compromete en forma directa, ya que la actividad de sus órganos realizada para el desenvolvimiento de sus fines ha de ser considerada propia de aquél, que debe responder de modo principal y directo por las consecuencias dañosas que son causadas por su actividad (conf. C.S.J.N., Fallos 322-1402; y sus citas, 306-2030 y 317-1921). Por consiguiente, acreditado un defectuoso o irregular servicio de salud, relacionado causalmente con el daño cuya reparación se reclama, habrá de operar la consecuente responsabilidad estatal.
ii] Sabido es que en materia de infecciones intrahospitalarias, las discrepancias aparecen al momento de establecer el factor de atribución de la eventual responsabilidad del nosocomio y, concretamente, en las causas que operan como eximentes.
Una primera corriente de opinión interpreta que la obligación de seguridad en cuestión es de resultados y tiene base objetiva (en este sentido: Cám. Nac. Civ., sala E, 31-XI-1998, in re "R.G. c/Instituto de las clínicas cardiovasculares", "Jurisprudencia Argentina", 2000-II-585; íd., Sala A, 5-III-1998, "La Ley", 1999-13-44; íd., sala C, 5-IX-2000, "La Ley", 2001-A, 271; íd. Sala F, 21-VII-2006, "La Ley", 2006-F-700), mientras que una segunda posición, en cambio, considera que la referida obligación es de medios y tiene base subjetiva (conf. Cám. Nac. Civ., sala D, 16-VII-2001, "Jurisprudencia Argentina", 2001-IV-580; íd. sala D, 08-V-1995, "Jurisprudencia Argentina", 1996-II-454 y sent. del 16-VII-2001, "Jurisprudencia Argentina", IV-580; íd. Sala D, 4-V-2004, "D.J.", 2006-I-145). Ahora bien, quienes se pronuncian por la existencia de una obligación de medios son partidarios de una carga probatoria exigente sobre el hospital, en virtud de la cual el centro hospitalario para eximirse de responsabilidad deberá probar que fueron adoptadas las medidas de asepsia necesarias, dando cumplimiento acabado con la normativa vigente en la materia (v. reseña del voto de la doctora Kemelmajer de Carlucci, in re "Vila", sent.del 27-XII-2007, "La Ley Online").
iii] Disquisiciones aparte, en el caso, cualquiera fuese la posición que se adopte el resultado no habría de variar.
En efecto, entrando a la consideración puntual del sub lite, cobra especial relevancia lo expresado por el doctor Pettigiani en el punto II.c de su voto -cuyas consideraciones comparto en tal parcela- en cuanto destaca que la parte demandada no aportó elemento de convicción alguno tendiente a demostrar que hubiese adoptado todas las medidas de seguridad tendientes a evitar infecciones y, de tal modo, justificado la regular prestación del servicio comprometido.
d. Por fin, en cuanto a la queja en materia de costas, coincido con lo expuesto por el doctor Pettigiani en el punto III de su voto, al que adhiero en este segmento.
4. Por todo ello y con el alcance apuntado, doy mi voto por la afirmativa.
El señor Juez doctor de Lázzari, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Pettigiani, votó la cuestión también por la afirmativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:
Recuerdo que según mi criterio, los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación resultan vinculantes sólo para el caso en que se dictaron (conf. P. 43.994, sent. del 29-X-1991; P. 47.881, sent. del 29-XII-1994; Ac. 78.215, sent. del 19-II-2002).
Lo que no obsta que su contenido sea receptado en orden a su validez conceptual.
Con esta salvedad adhiero a la solución propuesta por el doctor Soria, considerando suficientes los argumentos esbozados y oportuna la remisión al voto del doctor Pettigiani (puntos II.c. y III), a fin del tratamiento y solución del presente recurso interpuesto.
Con tal alcance, voto por la afirmativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
S E N T E N C I A
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, por mayoría de fundamentos, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario interpuesto respecto a la forma en que fue resuelta la imposición de las costas por el tribunal de grado en lo atinente a la citación del tercero Rúa, manteniéndose lo dispuesto en la primera instancia. Los gastos causídicos de esta instancia extraordinaria se imponen a la recurrente que mantiene su condición de vencida (arts. 68 y 289, C.P.C.C.).
Notifíquese y devuélvase.
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
HECTOR NEGRI
EDUARDO NESTOR DE LAZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD
CARLOS E. CAMPS
Secretario
Sumario:
1.-Corresponde confirmar el fallo en cuanto atribuyó responsabilidad al Estado provincial por violación de la garantía de seguridad por el fallecimiento del recién nacido, producto de una infección hospitalaria (Klebsiella) generadora de un cuadro de enteritis necrotizante que determinó la sepsis que derivó en el fallo multiorgánico que desembocó en el fallecimiento del bebé, pues de la totalidad de las constancias obrantes en autos, no se han aportado elementos de convicción suficientemente esclarecedores de que la infección padecida por el recién nacido hubiera sido inevitable, irresistible o que se hubiere realizado todo lo posible para evitarla, o adoptado documentadamente todas las diligencias que imponen la lex artis, las prácticas sanitarias y el avance tecnológico y aún así, el germen causante de la misma fuere o hubiera sido insusceptible de ser controlado o aislado (del voto del Dr. Pettigiani, al que adhieren los Dres. Soria, de Lázzari y Negri - mayoría).
2.-Determinar tanto la efectiva ocurrencia del agente dañoso (en el caso, la infección intrahospitalaria), así como la adecuada relación de causalidad entre aquél y el daño padecido, no pueden sino constituir otras de las cuestiones de hecho irrevisables en sede extraordinaria salvo que se denuncie y demuestre absurdo, extremo que no logra acreditar el recurrente (del voto del Dr. Pettigiani, al que adhieren los Dres. Soria, de Lázzari y Negri - mayoría).
3.-Frente a los supuestos específicos de indemnizaciones relacionadas con infecciones hospitalarias, cuando no sea posible distinguir un concreto actuar u omitir estatal contrario a una específica obligación derivada del servicio o función pública comprometidos, cuando resulta imposible de acuerdo al estado acreditado de la ciencia obtener un completo control sobre los gérmenes, no corresponde hacer una generalización sobre su pretendida inclusión -como obligaciones de resultado- dentro del citado deber de seguridad del ente prestador del servicio, sino que deben examinarse las circunstancias que cada caso presenta (del voto del Dr. Pettigiani, al que adhieren los Dres. Soria, de Lázzari y Negri - mayoría).
4.-El análisis jurídico correspondiente a la determinación del factor de imputación o atribución de responsabilidad que cabe asignar al hospital frente a posibles eventos en los que el paciente alega haber contraído durante su estancia en el mismo -como en el caso- una infección intrahospitalaria, debe necesariamente atender a las circunstancias de cada caso, la causa y génesis de la sepsis, las características del factor-agente, el modo de infección del paciente, el obrar u omitir de los médicos, asistentes o el propio establecimiento en la prestación del servicio de salud, sus presupuestos y prestaciones accesorias o paramédicas (del voto del Dr. Pettigiani, al que adhieren los Dres. Soria, de Lázzari y Negri - mayoría).
5.-Los establecimientos públicos de salud se encuentran obligados constitucionalmente a organizar el servicio de salud y frente a un deficiente funcionamiento del mismo, el Estado responde directa y objetivamente, pues hace a su propia función, y no a la actuación del profesional o dependiente; de tal modo, si el servicio no funcionó, funcionó mal o tardíamente, queda atrapada la responsabilidad del Estado, pues parte de una situación objetiva de falta -o deficiente- servicio que el Estado por mandato constitucional debe garantizar, pues justifican su propia existencia (del voto del Dr. Soria - mayoría).
Fallo:
A C U E R D O
En la ciudad de La Plata, a 9 de junio de 2010, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Genoud, Pettigiani, Soria, de Lázzari, Negri, se reúnen los señores jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa C. 97.827, "L., C. G. y otro contra Sanatorio Modelo de Caseros S.A. y otro. Daños y perjuicios".
A N T E C E D E N T E S
La Sala I de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial San Martín confirmó el fallo de primera instancia que había rechazado la demanda contra los médicos, el Sanatorio Modelo de Caseros S.A. y la citada en garantía; y hecho lugar a la demanda contra la Provincia de Buenos Aires, modificando las costas impuestas a la actora por la citación como tercero de María Cristina Rúa, las que impuso a la Provincia de Buenos Aires (fs. 640/646).
Se interpuso, por el Fisco de la Provincia de Buenos Aires, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (fs. 653/673).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T I Ó N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C I Ó N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. El tribunal a quo resolvió, en lo que interesa para el análisis del recurso deducido, confirmar la sentencia de primera instancia que había hecho lugar a la demanda contra la Provincia de Buenos Aires, modificando las costas impuestas a la actora por la citación de María Cristina Rúa, las que impuso a la Provincia de Buenos Aires.
Basó su decisión en los siguientes fundamentos:
a.la obligación del hospital público de prestar el servicio de sanidad en condiciones adecuadas, siendo responsable por su inejecución irregular ya sea por la existencia del virus intrahospitalario; o en las causas que lo determinaron, sin imputar a un médico en particular aunque sí por una sumatoria de potencialidad en los actos a la totalidad y resultado en la cadena de atención; o en el control del preparto y abordaje obstétrico del cual derivaron las dolencias con las que nació la criatura y concluyó en la muerte (fs. 643 vta.);
b. La falta de acreditación de la inexistencia de responsabilidad, ya fuera por el principio de colaboración procesal, o por la carga dinámica probatoria, pues se encontraba en mejores condiciones de probar lo sucedido; y también en la imposibilidad de evitar el daño por otra vía. Hizo notar que la Provincia no citó a juicio a los obstetras ni demostró que la infección fuera preexistente o portada por la madre o por la persona por nacer (fs. 644 vta.); y
c. El daño sufrido puso en movimiento el sistema de responsabilidad civil, en el que se ve reflejado en la objetivación que plantea la tecnificación y masividad del servicio de salud, haciendo responsable a la entidad médica por la violación de la garantía de seguridad (fs. 644 vta./645).
II. Contra dicho pronunciamiento, se agravia el recurrente denunciando la violación y errónea aplicación de los arts. 512 , 901, 902, 903 , 1068 , 1074 , 1109 , 1113 del Código Civil; 163 incs. 5 y 6, 164 , 375 , 384 y 474 del Código Procesal Civil y Comercial.
Alega también la infracción a la doctrina de esta Corte sobre la relación causal, obligación de seguridad y absurdo en la interpretación de la prueba.
Los agravios se fundan en:
a.la violación del principio de congruencia, ya que la demandante imputó responsabilidad médica por los dependientes del Hospital provincial, que no logró acreditar, y la sentencia condenó por la existencia de una infección intrahospitalaria que conjetura haberse contraído en posibles actos de mala praxis médica (fs. 657 vta.);
b. El haber tenido por hecho notorio el carácter intrahospitalario de la bacteria klebsiella; que haya tenido por cierto que la presencia de la bacteria obedeció a la culpa del Hospital Mercante; que se haya decidido invertir la carga de la prueba y decidido que existía obligación de la Provincia de aportar la prueba del caso (fs. 659);
c. La violación de las normas sobre apreciación y valoración de la prueba, en especial de la pericia médica al conferirle valor suficiente a la afirmación acerca del carácter intrahospitalario de la infección contraída, como si se tratare de un hecho notorio y como si fuese producto de la culpa del Hospital (fs. 660);
d. La inversión de la carga de la prueba al hacer pesar sobre su parte el déficit probatorio de los hechos controvertidos afirmados por la actora (fs. 664);
e. La interpretación errónea de la doctrina legal de este Tribunal acerca de la naturaleza de la obligación de seguridad, dando por sentado que la misma es siempre una obligación de resultado (fs. 667);
f. La violación de las normas previstas por los arts. 901, 902 y 903 del Código Civil, y la doctrina de esta Corte respecto de la exigencia de demostrar la relación adecuada de causalidad entre un hecho u omisión antijurídica y culpable, y el desenlace dañoso (fs. 669); y
g. La imposición de costas de la citación de los médicos a la actora, que fue consentida por esa parte y apelada por quien no tenía agravio, la codemandada R. (fs. 672 vta.).
III.1.En forma preliminar, para una correcta y justa revisión de la sentencia impugnada, creo preciso indicar el acierto del tribunal a quo al señalar que los hechos endilgados al Hospital Gobernador Domingo Mercante se enmarcan en la responsabilidad del Estado por la obligación de prestar el servicio de sanidad en condiciones adecuadas para el fin social establecido, siendo responsable ante su ejecución irregular (fs. 643, tercer párrafo).
Al respecto debo señalar que en la causa Ac. 77.960 (sent. del 14-VI-2006), acompañé el voto del doctor de Lázzari, en el que reprodujera el propio elaborado por el doctor Hitters en Ac. 79.514 (sent. del 13-VIII-2003). En ambos precedentes se señaló que la obligación de reparar el daño causado nace del defectuoso cumplimiento de uno de los deberes del Estado, cual es brindar asistencia médica a la población.
Interpretándose que la relación del Estado a través del hospital público con el paciente y la relación médico-paciente, se desenvuelven en el ámbito del derecho público -derecho constitucional y/o administrativo (arts. 75 incs. 19 y 23 , Const. nac. y 36.8 de la Constitución bonaerense)-, encuadrándose la responsabilidad comprometida dentro del ámbito del régimen extracontractual.
En este sentido la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha resuelto que quien contrae la obligación de prestar un servicio de asistencia a la salud lo debe hacer en condiciones adecuadas para cumplir el fin en función del cual ha sido establecido y es responsable de los perjuicios que causare su incumplimiento o su ejecución irregular. Ello pone en juego la responsabilidad extracontractual del Estado, que se compromete en forma directa, ya que la actividad de sus órganos realizada para el desenvolvimiento de sus fines ha de ser considerada propia de aquél, que debe responder de modo principal y directo por las consecuencias dañosas que son causadas por su actividad (Fallos 322-1402 y sus citas, 306-2030 y 317-1921; Ac.79.514 cit.).
Los establecimientos públicos de salud se encuentran obligados constitucionalmente a organizar el servicio de salud y frente a un deficiente funcionamiento del mismo, el Estado responde directa y objetivamente, pues hace a su propia función, y no a la actuación del profesional o dependiente. De tal modo, si el servicio no funcionó, funcionó mal o tardíamente, queda atrapada la responsabilidad del Estado, pues parte de una situación objetiva de falta -o deficiente- servicio que el Estado por mandato constitucional debe garantizar, pues justifican su propia existencia (Ac. 79.514, sent. del 13-VIII-2003; Ac. 86.304, sent. del 27-X-2004, "La Ley Buenos Aires", 2005, p. 43).
De esta manera, la doctrina legal de este Tribunal elaborada en torno a la obligación de seguridad, y que fuera alegada como mal aplicada, no puede ser invocada para el supuesto planteado en la presente litis (fs. 667 y ss.).
Lo que supone también la improcedencia del agravio dirigido a cuestionar la responsabilidad determinada al considerar la recurrente que "corresponde entender que el factor de atribución de la responsabilidad debería ser la culpa. de los médicos y/o personal interviniente en el tratamiento del menor." (fs. 670 vta.).
2. En orden a la violación del principio de congruencia, dicho argumento deviene inatendible, pues "son ajenos al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley los argumentos que recién se presentan en la instancia extraordinaria" (Ac. 57.601, sent. del 5-VII-1996; Ac. 78.614, sent. del 2-X-2002; Ac. 94.617, sent. del 5-IV-2006, entre otros), debiendo remontarnos a la expresión de agravios de quien ahora recurre (fs.615/626) para advertir que el planteo, tal y como ahora se lo formula, no constituyó materia sometida a la consideración de la alzada.
Por otra parte, no es correcto lo que afirma en su queja la condenada en el sentido que "la demandante imputó responsabilidad médica de los dependientes del Hospital provincial que no logró acreditar...", pues la simple lectura de la demanda revela que la acción se funda, sin más, en mala praxis médica (fs. 2 vta.). Consideración que, si bien vaga, en modo alguno descarta la existencia de otras causales más allá de la intervención propia de los galenos. Máxime cuando la demanda se halla precedida de una causa penal en la cual el dictamen pericial producido en dicha sede represiva habla de "sepsis" (fs. 70 vta. causa penal). Es decir de "Afección generalizada producida por la presencia en la sangre de microorganismos patógenos o de sus toxinas" (conf. Diccionario de la Real Academia Española).
Sin perjuicio de lo cual la suerte del agravio queda a su vez echada a poco de ver lo que tiene dicho esta Corte en el sentido que tanto la apreciación de las cuestiones de hecho y prueba, como la interpretación de los escritos postulatorios, constituyen cuestiones circunstanciales propias de los jueces de las instancias ordinarias y detraídas del ámbito de la instancia extraordinaria en tanto tal ejercicio no resulte irrazonable o absurdo (causas Ac. 62.744, sent. del 16-VII-1996; Ac. 59.365, sent. del 24-III-1998; Ac. 88.609, sent. del 23-XI-2005), extremo que el recurrente no ha logrado acreditar, pues tan sólo se limita en su pieza a oponer a la apreciación efectuada por el tribunal de grado consideraciones que se sustentan sólo en su propio criterio y que no traducen más que meras discrepancias subjetivas (v. fs. 657 vta.; art.279 in fine , C.P.C.C.), lo que no es base idónea de agravios, ni configura absurdo que dé lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, pues dicha anomalía queda configurada cuando de ella media cabal demostración, pues sólo el error palmario y fundamental autoriza la apertura de la casación para el examen de cuestiones de hecho (conf. Ac. 41.583, sent. del 13-III-1990; Ac. 42.965, sent. del 27-XI-1990 en "Acuerdos y Sentencias", 1990-IV-309; Ac. 53.172, sent. del 3-V-1995).
3. En relación a la violación de las normas sobre la carga de la prueba y su valoración, particularmente en lo que hace a la notoriedad de la enfermedad intrahospitalaria producto de la bacteria "klebsiella", no advierto que el recurrente haya logrado acreditar la existencia del absurdo desde que cualquier diferencia de criterio no autoriza a tener por acreditado dicho vicio, ni tampoco puede la Corte sustituir con el suyo al de los jueces de mérito porque se requiere algo más: el error grave, grosero y manifiesto que conduzca a conclusiones inconciliables con las constancias objetivas de la causa (conf. Ac. 38.765, sent. del 16-V-1989 en "Acuerdos y Sentencias", 1989-II-92; Ac. 45.198, sent. del 20-VIII-1991; Ac. 45.683, sent. del 8-IX-1992; Ac. 44.854, sent. del 16-XI-1993).
En efecto, las premisas de las que parte el iudex a quo y las conclusiones a las que arriba (fs. 643/645), emanan de las pruebas producidas en autos (fs. 409), las que se sustentan a su vez en la historia clínica y las reglas del arte de la medicina (arts.457 y 474, C.P.C.C.), lo que no amerita a tener por demostrado en forma palmaria y grave el absurdo denunciado.
Por otra parte, aunque siempre en relación al argumento del recurrente que tiende a desvirtuar la existencia de la infección intrahospitalaria, cuya existencia da por acreditada la alzada, si bien debe reconocerse que asiste razón a aquél en cuanto a que el perito la define como "probable" en la secuencia de acontecimientos que culminan en el fallo multisistémico (fs. 411), es lo cierto también que el experto, al tiempo de responder la 3ª pregunta que le formula la actora (fs. 409), expresa que "es de sana crítica pensar que, con alto grado de probabilidad existió una infección intrahospitalaria severa que agotó etapas rápidamente.". Nota que a su vez es receptada por el fallo que se recurre (fs. 644), sin ser atacada eficazmente por la recurrente en esta instancia.
Y es que situados como estamos en el ámbito de discusión de responsabilidad profesional, es dable reconocer que la teoría de la causalidad adecuada, en cuanto estructurada bajo un sistema de regularidad estadística, no puede más que contentarse con una fuerte o suficiente dosis de probabilidad (Prevot, Juan Manuel, Relación de causalidad e infecciones intrahospitalarias, "La Ley" Gran Cuyo, 2006, febrero, 52).
Nos hallamos insertos, por razón de la materia, en un campo de factibilidad que, de suyo, desecha la pretendida certeza exigida por el recurrente.
Sobre tal juicio de probabilidad juega el criterio valorativo del juzgador, en materia privativa irrevisable en esta instancia extraordinaria. Salvo absurdo que, por lo visto, queda descartado.
Tengamos en cuenta que para establecer la causa de un daño es necesario hacer un juicio de probabilidad determinando que aquél se halla en conexión causal adecuada con el acto ilícito, o sea, que el efecto dañoso es el que debía resultar normalmente de la acción u omisión antijurídica, según el orden natural y ordinario de las cosas (art.901, C.C.). Vale decir que el vínculo de causalidad exige una relación efectiva y adecuada (normal), entre una acción u omisión y el daño: éste debe haber sido causado u ocasionado por aquélla (arts. 1068, 1074, 1109, 1111 , 1113 y 1114 del Código citado; Ac. 37.535, sent. del 9-VIII-1988; Ac. 88.305, sent. del 3-VIII-2005; Ac. 93.078, sent. del 6-IX-2006, entre otras).
La alzada, en la especie, y "ya fuera por la existencia del llamado virus intrahospitalario, por alguna deficiencia en la atención de la infección, o en las causas que la determinaron (no imputable específicamente a un profesional en particular aunque, por una sumatoria de potencialidad en los actos a la totalidad y resultado en la cadena de la atención) o en el control del preparto y abordaje abstétrico (sic), de la cual derivaron la serie de dolencias con las cuales nació la criatura- se llegó al estado que impuso una derivación a otro establecimiento médico y concluyó en la desgraciada muerte del hijo de los actores." (fs. 643 vta.), juzgó acreditada la existencia de tal nexo causal, determinación irrevisable en esta instancia ante el incumplimiento del recurrente de revelar -a modo de carga- la existencia del absurdo que se denuncia.
4. Respecto de la infracción de los arts. 901, 902 y 903 del Código Civil y de la doctrina sobre la relación de causalidad adecuada, el Fisco sustenta su queja en la inexistencia "de acciones u omisiones culpables probadas de parte de los dependientes de la Provincia ni relación causal entre ninguna acción u omisión con el resultado dañoso" (fs. 669). Y añade que "era imprescindible la demostración de la culpa en el obrar médico ya sea por acción u omisión.Si esta demostración no se produce entonces se interpreta que la causa del daño es el caso fortuito en sentido amplio." (ídem).
Visto ello, y situados en el campo de evaluación de la responsabilidad médica por afecciones [daños] derivadas de infecciones intrahospitalarias, he de remitirme, para el entendimiento de la cuestión, al voto que en Ac. 100.800 (sent. del 15-IV-2009) emitiera el doctor Pettigiani. Al cual adherí y al que me remito en honor a la brevedad, considerando que los principios en él delineados sirven para definir y precisar correctamente los alcances de la materia que nos ocupa.
En base a tales nociones teóricas: a) sea que adoptemos el criterio de que la entidad hospitalaria está obligada frente al paciente a un deber de resultado en cuanto a la indemnidad de éste frente a las infecciones exógenas, tornándose su responsabilidad objetiva (sustentada en el factor garantía) con causales eximentes limitadas (acreditación del casus, esto es la causa extraña o ajena, más precisamente al hecho de la víctima -vgr., que el origen de la infección es endógeno- o a un caso fortuito -que el tipo de infección es de aquéllos que a pesar de haber adoptado la diligencia más exquisita, igual habría acaecido-); b) sea que adoptemos, en virtud del alea involucrado, la postura que entiende comprometida una responsabilidad del tipo de medios (que atiende a la razón subjetiva), pudiendo liberarse el médico y/o la institución hospitalaria acreditando haber adoptado la debida diligencia (arts.512 y 902, C.C.), lo cierto es que en autos no se ha acreditado, por parte de quien debía, que la infección padecida por el paciente hubiera sido inevitable, irresistible o que se hubiere realizado todo lo posible para evitarla; o que se hayan adoptado los medios para la preservación de la asepsia necesaria o estado libre de infección inculpable.
Máxime cuando situados en tal campo de evaluación la determinación de la existencia de culpa o negligencia es una cuestión de hecho exenta de censura en casación, salvo absurdo (Ac. 93.342, sent. del 9-VIII-2006; C. 98.332, sent. del 7-V-2008; C. 101.025, sent. del 3-XII-2008, entre otras). Vicio invalidante que, por lo advertido más arriba, no se configura en autos.
Siendo ello así, la responsabilidad médica del Estado deviene inexcusable, máxime cuando en el punto no media absurdo tanto en la justificación racional del decisorio -como ya he indicado al revisar la apreciación de las pruebas por los jueces de grado-, como en el razonamiento lógico de las premisas y de la conclusión en el silogismo sentencial.
No obstante ello, la Cámara expresamente ha señalado que "habiendo ingresado el paciente a la Clínica Caseros (derivado por el Hospital Mercante) con perforación intestinal y salida de su materia a la cavidad peritoneal, causada por una enteritis necrotizante . dio lugar a la imposibilidad de la intervención quirúrgica por no tolerar anestesia general" (fs. 644).
Esta circunstancia ha sido obviada por el recurrente, y desde mi punto de vista es también dato esencial, al extremo que ha sellado la suerte del recién nacido de acuerdo con el curso natural y ordinario de las cosas (art. 901, C.C.), puesto que el fallo multiorgánico fue precedido y sucedido por la infección que se dio por acreditada (expliqué lo de la alta probabilidad), y que agotó etapas rápidamente, deteriorando gravemente el estado de salud del niño.
5.Finalmente, tampoco el agravio dirigido a cuestionar la imposición de costas es de recibo, pues "los tribunales originarios tienen amplias facultades en la aplicación, regulación y distribución de las costas por tratarse de una cuestión de hecho que sólo es susceptible de examen en la instancia extraordinaria cuando ha mediado una irracional o burda meritación de las circunstancias de la causa, que conduzca a alterar la condición de vencido" (Ac. 86.726, sent. del 9-XI-2005).
Extremo que lejos se halla de configurarse en la parte del resolutivo que las dispone (fs. 645) a instancias de uno de los terceros citados, con el evidente interés de procurar su cobro a quien lo citara en tal condición y ante la eventualidad de no poder seguirlo contra la propia actora (ver fs. 53/54).
6. Si las consideraciones expuestas son compartidas, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley debe ser rechazado en todas sus partes, con costas (art. 289 , C.P.C.C.).
Voto por la negativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I.- Comparto con el colega preopinante que los agravios traídos por el recurrente en orden a la violación del principio de congruencia devienen inatendibles en esta instancia, pues resultan ajenos al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley los argumentos que recién se presentan en la instancia extraordinaria (Ac. 57.601, sent. del 5-VII-1996; Ac. 78.614, sent. del 2-X-2002; Ac. 94.617, sent. del 5-IV-2006; entre otros); toda vez que la expresión de agravios del ahora impugnante contra el decisorio de primera instancia no contuvo planteo semejante, por lo que no constituyó materia sometida a la consideración de la alzada (v. fs.615/626).
II.- Despejado entonces dicho aspecto, corresponde ingresar en el análisis de los agravios vertidos contra la decisión del tribunal a quo de atribuir responsabilidad al Estado provincial por violación de la garantía de seguridad por el fallecimiento del recién nacido, producto de una infección hospitalaria (Klebsiella) generadora de un cuadro de enteritis necrotizante que determinó la sepsis que derivó en el fallo multiorgánico que desembocó en el fallecimiento del bebé (fs. 643 vta./645).
Cabe efectuar aquí un análisis en base a una doble perspectiva: por un lado, la genérica obligación asumida por el Estado provincial por la prestación del servicio público de salud a la población; por otro, la extensión que cabría efectuar a dicho deber estatal en el marco propio de los casos de infecciones intrahospitalarias.
a. Así, respecto de la primera cuestión, más allá de las disquisiciones que en el plano de la teoría puedan realizarse respecto de la naturaleza de la responsabilidad que dimana de los daños vinculados con la deficiente prestación del servicio público de salud, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha venido sosteniendo que "quien contrae la obligación de prestar servicio -en el caso, de asistencia a la salud de la población- lo debe hacer en condiciones adecuadas para cumplir el fin en función del cual ha sido establecido, y es responsable de los perjuicios que causare por incumplimiento o su ejecución irregular ('Fallos', 306:2030; 307:821; 312:343; 315:1892 y 317:1921; 322:1393)" (C.S.J.N., in re "Brescia, Noemí Luján c/ Provincia de Buenos Aires y otros s/ Daños y Perjuicios", sent. del 22-XI-1994 y "Schauman de Scaiola, Martha Susana c/ Provincia de Santa Cruz", sent. del 6-VII-1999), yaciendo la idea objetiva de falta de servicio en lo normado por el art.1112 del Código Civil (C.S.J.N., Fallos 306:2030).
En tal sentido agregó el Tribunal cimero que "ello pone en juego la responsabilidad extracontractual del Estado, que se compromete en forma directa, ya que la actividad de sus órganos realizada para el desenvolvimiento de sus fines ha de ser considerada propia de aquél, que debe responder de modo principal y directo de las consecuencias dañosas que son causadas por su actividad ('Fallos', 306:2030; 317:1921; 322:1393)" (Ac. 79.514, sent. del 13-VIII-2003; Ac. 88.940, sent. del 18-V-2005; entre otras).
La pretensión de ser indemnizado por falta de servicio imputable al Estado requiere dar cumplimiento a la carga procesal de individualizar cuál ha sido la actividad que específicamente se reputa como irregular, vale decir, describir de manera objetiva en qué ha consistido la irregularidad que da sustento al reclamo, sin que baste al efecto hacer mera referencia a una secuencia genérica de hechos y actos, sin calificarlos singularmente tanto desde la perspectiva de su idoneidad como factor causal en la producción de los perjuicios, como en punto a su falta de legitimidad (C.S.J.N., in re "Román S. A. c/ Estado nacional. Ministerio de Educación y Justicia", sent. del 13-X-1994, en "La Ley" del 5-V-1995, cit. por Lorenzetti, Ricardo; "La empresa médica", Rubinzal-Culzoni, 1998, pág. 353).
Adicionalmente, para que pueda acreditarse la falta de servicio o la prestación irregular del mismo, es preciso efectuar una apreciación en concreto que tome en cuenta la naturaleza de la actividad, los medios de que dispone el servicio, el lazo que une a la víctima con el servicio y el grado de previsibilidad del daño (C.S.J.N., Fallos 321:1124 ; sent. del 28-IV-1998, consid.6º). Si bien no hay que demostrar la culpa del funcionario para que de ella derive la responsabilidad estatal (circunstancia que se corrobora en autos ante la imposibilidad de achacar falta concreta imputable a algún funcionario, en la infección intrahospitalaria adquirida por el paciente), sí debe acreditarse la falta de servicio (mi voto en C. 92.937 "Romairone" , sent. del 11-XI-2009), pues basta la prueba del cumplimiento irregular de las obligaciones impuestas al Estado para derivar de ello su culpa (L. 71.070, sent. del 23-XII-2003; L. 87.748, sent. del 12-IX-2007; entre otros).
Se exige, en definitiva, en términos generales, para que se concrete la responsabilidad del Estado: a) imputabilidad del acto o hecho administrativo a un órgano del Estado en ejercicio u ocasión de sus funciones, b) falta de servicio por cumplir de manera irregular los deberes y obligaciones impuestos por la Constitución, la ley o el reglamento; c) la existencia de un daño cierto; d) la conexión causal entre el hecho o acto administrativo y el daño ocasionado al particular (mi voto en C. 90.664, sent. del 11-IV-2007). Extremos que necesariamente llevan a considerar el ámbito propio de la prestación del servicio público involucrado. Es que para determinar si la conducta u omisión estatal puede ser considerada ilícita o irregular resulta necesario analizar la normativa que rige el servicio o función pública correspondiente (conf. Reiriz, María G.; "Responsabilidad del Estado", en "El Derecho Administrativo Argentino, Hoy", Ed. Ciencias de la Administración, Bs. As., 1996, pág. 277; conf. mi voto en C. 90.664, sent. del 11-IV-2007).
b. Claro está que la organización por parte del Estado provincial de la prestación de un servicio de salud a la sociedad, tanto en aspectos preventivos, asistenciales como terapéuticos, en forma pública y gratuita (conf. art.36.8, Constitución provincial) entraña un deber de seguridad a su cargo, que si bien no se halla dirigido a garantizar el resultado satisfactorio de la práctica galénica en particular (conf. Ac. 84.616, sent. del 3-III-2004; entre otros), importa la obligación de puesta en práctica de prevenciones destinadas a preservar la integridad física del enfermo, evitar accidentes o daños en sus intereses que sean producto de todas aquellas conductas ajenas al alea natural de la prestación, que también integran -de ordinario- el complejo vínculo a través del cual se brinda el servicio público, como precondición adecuada para el cumplimiento del fin en función del cual ha sido establecido. La inobservancia de dicho deber de seguridad evidencia la deficiente organización estatal del servicio médico comprometido y el inadecuado o irregular ejercicio de la custodia de los pacientes.
Sin embargo, resulta pertinente reconocer que la obligación tácita de seguridad de naturaleza objetiva del sanatorio, sea éste privado o público, puede referirse a obligaciones de medios o de resultados, según se trate de la responsabilidad de la clínica por los actos puramente médicos realizados por su personal profesional, en el primer caso, o si el perjuicio emana de actos extraños al quehacer puramente médico o bien han sido ocasionados por las cosas utilizadas rebasando el acto puramente médico (conf. doct. Ac. 77.588, sent. del 19-II-2002).
Así las cosas, entiendo que frente a los supuestos específicos de indemnizaciones relacionadas con infecciones hospitalarias, cuando no sea posible distinguir un concreto actuar u omitir estatal contrario a una específica obligación derivada del servicio o función pública comprometidos, cuando resulta imposible de acuerdo al estado acreditado de la ciencia obtener un completo control sobre los gérmenes (conf. King, Joseph, "The law of medical malpractice", West Publishing Co., St. Paul, Minesota, 1977, pág. 125, citado por Lorenzetti, Ricardo, "La empresa médica", Rubinzal-Culzoni, 1998, pág.352; Mariona, Fernando, "Responsabilidad Civil por infecciones hospitalarias y gestión del riesgo", "RCyS", 2004-66 y ss.; Organización Mundial de la Salud, Consejo Ejecutivo, EB109/9, 109ª reunión, 5 de diciembre de 2001, Punto 3.4 del orden del día, Calidad de la atención: seguridad del paciente; Rosenthal, Víctor D., "Infección hospitalaria, situación Argentina" en www.compumedicina.com/infectologia /2001; etc.), no corresponde hacer una generalización sobre su pretendida inclusión -como obligaciones de resultado- dentro del citado deber de seguridad del ente prestador del servicio, sino que deben examinarse las circunstancias que cada caso presenta (arg. arts. 512, 902, 909, 1112, 1113 y concs., Cód. Civil).
Así se ha afirmado que la cuestión debe atender a un justo reparto del alea, de acuerdo a las circunstancias de cada caso. Si el paciente acude por necesidad a un hospital, y las autoridades de éste aún con el empleo "de la más exquisita diligencia" no pueden excluir de plano algunos tipos de infección, cabe ubicar el asunto en el sector de la responsabilidad subjetiva. Por ende, si el médic o o la institución hospitalaria logran probar la diligencia exigible en un caso puntual (arts. 512 y 902, Cód. Civil) cumplen con el deber a su cargo, sin perjuicio de que -además- puedan probar que la infección resulta de carácter endógeno al paciente, lo cual provocaría una fractura del nexo causal. Se observa así una prueba indiciaria de culpa del deudor, y por ende, de responsabilidad; en razón de ello, el hospital podría desvirtuar la misma (y por ende liberarse de la obligación de responder), si logra acreditar haber actuado con la debida diligencia (arts. 512 y 902, Cód. Civil), o, en su defecto, la configuración del casus -causa ajena- (Cám. Nac. Civ., sala D, 16-IV-2001, in re "F., A.c/ Centro Ortopedia Traumatología", "RCyS", 2002-II-74).
Deviene prácticamente imposible sustraerse del alea existente en materia de infecciones intrahospitalarias cuando su contracción no obedece a cuestiones de falta de asepsia, sino a razones externas o a procesos naturales que se desenvuelven dentro de una entidad hospitalaria y que son difíciles de controlar por ésta (conf. Calvo Costa, Carlos Alberto, "Responsabilidad civil de los médicos. Infección intrahospitalaria y falta de infraestructura necesaria del hospital"; "La Ley", 2005-E-860, Responsabilidad Civil, Doctrinas Esenciales, T. V, 859, con cita del precedente judicial mencionado en el párrafo anterior).
Si el reclamante prueba la infección y su carácter intrahospitalario (más allá de acreditar asimismo la vinculación causalmente adecuada con el resultado dañoso), tal extremo (indicio) podrá ser revelador de suyo de una presunción judicial de culpa -sea del médico y el hospital, o solamente de éste último-, pero éstos se liberarán si demuestran haber obrado con extrema diligencia y aún así no podido razonablemente impedir el desenvolvimiento de la acción infecciosa en el paciente (arg. arts. 512, 902 y concs., Cód. Civil; situación que presupone la imposibilidad de efectuar reproche por falta de asepsia, esterilización, higiene o control en el material, instrumental, personal o instalaciones empleados en la prestación del servicio de salud -arg. arts. 1112, 1113 y concs., Cód.Civil-).
En tanto resulte prácticamente imposible eliminar el alea existente en materia de infecciones, atento la inexistencia de normativa específica que imponga la asunción del concreto riesgo a cargo del prestador del servicio, siempre se debe permitir que la clínica o los médicos prueben que hicieron todo lo posible para evitarlas, que adoptaron documentadamente todas las diligencias que impone la lex artis (Vazquez Ferreira, Roberto, "Un criterio justo en materia de responsabilidad civil médica por infecciones hospitalarias", "RCyS", 2002-350), las prácticas sanitarias y que se encuentren permitidas por el avance tecnológico; si bien resulta una carga probatoria exigente, es el establecimiento médico o el profesional quien -justamente por la especialización del servicio brindado- se encuentran en mejores condiciones para aportar tales extremos (conf. arts. 512, 902, 909 y concs., Cód. Civil), conformándose así una solución más justa.
En suma, el análisis jurídico correspondiente a la determinación del factor de imputación o atribución de responsabilidad que cabe asignar al hospital frente a posibles eventos en los que el paciente alega haber contraído durante su estancia en el mismo -como en el caso- una infección intrahospitalaria, debe necesariamente atender a las circunstancias de cada caso, la causa y génesis de la sepsis, las características del factor-agente, el modo de infección del paciente, el obrar u omitir de los médicos, asistentes o el propio establecimiento en la prestación del servicio de salud, sus presupuestos y prestaciones accesorias o paramédicas.
La circunstancia que el nosocomio involucrado en los presentes obrados sea un hospital público y por tanto que el vínculo establecido entre el Estado y el administrado sea de derecho constitucional-administrativo (Ac. 84.389, sent. del 27-IV-2005; Ac. 88.940, sent.del 18-V-2005; entre otros) no enerva la conclusión precedente, toda vez que la potencial responsabilidad estatal emergente objetivamente por el incumplimiento o irregular ejecución en la prestación del servicio público comprometido no posee entidad para modificar el alcance de las prestaciones componentes del propio servicio que se brinda, de modo que la acreditación de la debida diligencia e imposibilidad de impedir la infección hospitalaria de que se trate necesariamente habrá de importar -según el caso- la demostración de la regular prestación del servicio involucrado hasta el extremo de lo posible o previsible, así como -por ello- la liberación de responsabilidad por parte del Estado provincial (doct. art. 1112, Cód. Civil).
De la misma forma que si cuando no media culpa en el médico interviniente, no cabe responsabilizar al establecimiento asistencial con base en su "obligación de seguridad" porque la existencia de aquélla (la culpa del médico) es la que demuestra la violación de ese deber (Ac. 76.152, sent. del 17-XII-2003; entre otros); tampoco es posible impedir que el nosocomio se exima de responder cuando acredite fehacientemente el carácter irresistible de la infección o haber obrado con extrema diligencia y aún así no haber podido razonablemente impedir la específica sepsis contraída por el paciente, sin que quepa en ese aspecto admitir una falta o irregular prestación del servicio garantizado, ni realizar distinción alguna entre el carácter público o privado del hospital en que aquél se hubiere alojado.
c.Ahora bien, efectuado el encuadre jurídico del caso, si bien dista del efectuado por el tribunal a quo (en materia que ha sido objeto de concreto agravio por el recurrente), empero, la solución que cabe adjudicar -en este aspecto- no altera la dispuesta por la alzada.
En efecto, el tribunal a quo encontró responsable a la entidad pública médica -al Estado provincial- por violación de la garantía de seguridad que halló imperante en el caso en la concreta prestación de los servicios de salud independientemente de cualquier reproche personalizado en los facultativos (fs. 645), aunque también sostuvo su decisorio en la ausencia total de prueba por parte del demandado, tendiente a demostrar la imposibilidad de evitar el daño, o que la infección fuera preexistente o portada por la madre o por la persona por nacer (fs. 644 vta., con cita del art. 375, C.P.C.C.), inversión de la carga probatoria que sustentó en el principio de colaboración procesal o por la aplicación de la teoría de las cargas probatorias dinámicas (fs. 644 vta.).
Liminarmente, no es posible acoger el reproche que el impugnante efectúa respecto de la apreciación y valoración efectuada por el tribunal a quo, de las pruebas rendidas en torno a la demostración de la infección hospitalaria padecida por el bebé, y su causalidad adecuada con el ámbito hospitalario en el cual se halló internado durante toda su fugaz presencia fuera del seno materno.
Determinar tanto la efectiva ocurrencia del agente dañoso (en el caso, la infección intrahospitalaria), así como la adecuada relación de causalidad entre aquél y el daño padecido (Ac. 93.619, sent. del 24-V-2006; Ac. 89.633, sent. del 4-V-2005; Ac. 83.845, sent. del 16-VI-2004; Ac. 58.505, sent.del 28-IV-1998; entre otras), no pueden sino constituir otras de las cuestiones de hecho irrevisables en sede extraordinaria salvo que se denuncie y demuestre absurdo, extremo que -por los argumentos dados en el voto preopinante, que comparto plenamente (Punto III.3 del mismo)- no logra acreditar el recurrente.
Tampoco acierta el recurrente -por los fundamentos vertidos en el acápite anterior- en sus objeciones sobre la base de una pretendida improcedente inversión de la carga probatoria. Es que de la totalidad de las constancias obrantes en autos, no se han aportado elementos de convicción suficientemente esclarecedores de que la infección padecida por el recién nacido hubiera sido inevitable, irresistible o que se hubiere realizado todo lo posible para evitarla, o adoptado documentadamente todas las diligencias que imponen la lex artis, las prácticas sanitarias y el avance tecnológico y aún así, el germen causante de la misma fuere o hubiera sido insusceptible de ser controlado o aislado.
III.- Finalmente, en relación con el agravio referido a la decisión de modificar las costas impuestas a la actora para imponérselas a su parte, con relación a la demanda rechazada contra la médico Rúa citada como tercero, el recurso debe prosperar (fs. 672 vta.).
Uno de los requisitos intrínsecos de los recursos -ordinarios y extraordinarios- es el interés jurídico personal representado por el gravamen irreparable que ocasiona la resolución impugnada. El pronunciamiento debe afectar al propio recurrente (conf. Ac. 46.685, sent. del 14-IV-1992; Ac. 48.023, sent. del 17-VIII-1993).
En el presente caso, la codemandada Rúa carecía de interés para recurrir la imposición de costas por su citación como tercera, pues las mismas no habían sido impuestas a su cargo (fs. 576, 627/629 y 645) de modo tal que para impugnar el decisorio de la instancia de origen aquélla carecía de un agravio directo y actual, y no meramente hipotético o eventual (conf. doct. causas Ac. 33.468, 4-VI-1985; Ac. 41.585, 22-XI-1988; Ac.43.531, 6-III-1990; Ac. 65.172, 10-XII-1996).
IV.- Por todo lo expuesto, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley debe ser rechazado con excepción de la modificación de las costas resuelta por el tribunal de alzada respecto de la citación del tercero Rúa, decisión que debe ser revocada, manteniéndose la imposición de costas dispuesta en el decisorio de primera instancia.
Con el limitado alcance indicado, voto por la afirmativa. Costas a la recurrente que mantiene -pese a ello- su condición de vencida (art. 289, C.P.C.C.).
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
1. El recurso prospera parcialmente.
a. De un lado, por la s razones que expone el doctor Pettigiani en el punto I de su voto, merece desestimarse la alegada infracción al principio de congruencia (v. fs. 657 vta./658).
b. Del otro, en coincidencia con lo expresado por mis colegas preopinantes, considero que el embate ensayado por la Provincia de Buenos Aires no logra demostrar la absurdidad del fallo al calificar de intrahospitalaria a la infección sufrida por el hijo de los actores y vinculada causalmente con su posterior fallecimiento.
c. Para más, las restantes críticas enderezadas a cuestionar la condena recaída en autos no resultan suficientes a fin de descalificar la decisión en crisis. Veamos.
i] Tal como recuerdan los ministros que me precedieran en la votación, la prestación cumplimentada en un establecimiento sanitario oficial es consecuencia de la asunción por el Estado de una función propia (art. 36 inc. 8 de la Constitución de la Provincia; conf. Ac. 79.514, sent. del 13-VIII-2003) e importa la obligación de brindar un servicio de asistencia a la salud en condiciones adecuadas para cumplir el fin en función del cual ha sido establecido, cuyo incumplimiento o ejecución irregular da nacimiento al deber de resarcir los perjuicios ocasionados.Ello pone en juego la responsabilidad extracontractual del Estado, que se compromete en forma directa, ya que la actividad de sus órganos realizada para el desenvolvimiento de sus fines ha de ser considerada propia de aquél, que debe responder de modo principal y directo por las consecuencias dañosas que son causadas por su actividad (conf. C.S.J.N., Fallos 322-1402; y sus citas, 306-2030 y 317-1921). Por consiguiente, acreditado un defectuoso o irregular servicio de salud, relacionado causalmente con el daño cuya reparación se reclama, habrá de operar la consecuente responsabilidad estatal.
ii] Sabido es que en materia de infecciones intrahospitalarias, las discrepancias aparecen al momento de establecer el factor de atribución de la eventual responsabilidad del nosocomio y, concretamente, en las causas que operan como eximentes.
Una primera corriente de opinión interpreta que la obligación de seguridad en cuestión es de resultados y tiene base objetiva (en este sentido: Cám. Nac. Civ., sala E, 31-XI-1998, in re "R.G. c/Instituto de las clínicas cardiovasculares", "Jurisprudencia Argentina", 2000-II-585; íd., Sala A, 5-III-1998, "La Ley", 1999-13-44; íd., sala C, 5-IX-2000, "La Ley", 2001-A, 271; íd. Sala F, 21-VII-2006, "La Ley", 2006-F-700), mientras que una segunda posición, en cambio, considera que la referida obligación es de medios y tiene base subjetiva (conf. Cám. Nac. Civ., sala D, 16-VII-2001, "Jurisprudencia Argentina", 2001-IV-580; íd. sala D, 08-V-1995, "Jurisprudencia Argentina", 1996-II-454 y sent. del 16-VII-2001, "Jurisprudencia Argentina", IV-580; íd. Sala D, 4-V-2004, "D.J.", 2006-I-145). Ahora bien, quienes se pronuncian por la existencia de una obligación de medios son partidarios de una carga probatoria exigente sobre el hospital, en virtud de la cual el centro hospitalario para eximirse de responsabilidad deberá probar que fueron adoptadas las medidas de asepsia necesarias, dando cumplimiento acabado con la normativa vigente en la materia (v. reseña del voto de la doctora Kemelmajer de Carlucci, in re "Vila", sent.del 27-XII-2007, "La Ley Online").
iii] Disquisiciones aparte, en el caso, cualquiera fuese la posición que se adopte el resultado no habría de variar.
En efecto, entrando a la consideración puntual del sub lite, cobra especial relevancia lo expresado por el doctor Pettigiani en el punto II.c de su voto -cuyas consideraciones comparto en tal parcela- en cuanto destaca que la parte demandada no aportó elemento de convicción alguno tendiente a demostrar que hubiese adoptado todas las medidas de seguridad tendientes a evitar infecciones y, de tal modo, justificado la regular prestación del servicio comprometido.
d. Por fin, en cuanto a la queja en materia de costas, coincido con lo expuesto por el doctor Pettigiani en el punto III de su voto, al que adhiero en este segmento.
4. Por todo ello y con el alcance apuntado, doy mi voto por la afirmativa.
El señor Juez doctor de Lázzari, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Pettigiani, votó la cuestión también por la afirmativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:
Recuerdo que según mi criterio, los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación resultan vinculantes sólo para el caso en que se dictaron (conf. P. 43.994, sent. del 29-X-1991; P. 47.881, sent. del 29-XII-1994; Ac. 78.215, sent. del 19-II-2002).
Lo que no obsta que su contenido sea receptado en orden a su validez conceptual.
Con esta salvedad adhiero a la solución propuesta por el doctor Soria, considerando suficientes los argumentos esbozados y oportuna la remisión al voto del doctor Pettigiani (puntos II.c. y III), a fin del tratamiento y solución del presente recurso interpuesto.
Con tal alcance, voto por la afirmativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
S E N T E N C I A
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, por mayoría de fundamentos, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario interpuesto respecto a la forma en que fue resuelta la imposición de las costas por el tribunal de grado en lo atinente a la citación del tercero Rúa, manteniéndose lo dispuesto en la primera instancia. Los gastos causídicos de esta instancia extraordinaria se imponen a la recurrente que mantiene su condición de vencida (arts. 68 y 289, C.P.C.C.).
Notifíquese y devuélvase.
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
HECTOR NEGRI
EDUARDO NESTOR DE LAZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA
LUIS ESTEBAN GENOUD
CARLOS E. CAMPS
Secretario
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